La historia de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia el 5 de abril, dejó dos expedientes abiertos que hoy se miran de reojo: el penal —que investiga el presunto homicidio— y el de Familia, donde meses antes se había ordenado su revinculación con la mamá biológica.
En ese cruce de decisiones, informes técnicos y advertencias, un nombre quedó expuesto en la discusión pública: Jennifer Grisel Leiva, licenciada en Psicología, señalada como una de las profesionales cuya intervención acompañó el retorno del chico al hogar materno.
Leiva no aparece en esta historia como una figura mediática sino como una trabajadora del sistema de protección local. Sería una integrante del Servicio de Protección de Derechos (SPD) de Comodoro Rivadavia, el organismo municipal que interviene cuando hay amenazas o vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Tras la muerte de Ángel, su papá, Luis López, junto a su abogado Roberto Castillo, impulsó una denuncia penal y pidió medidas cautelares: entre ellas, la suspensión preventiva de la psicóloga, además de restricciones para resguardar documentación vinculada a revinculaciones.
Leiva tiene 36 años y además de la presentación impulsada por Luis López, ya había sido denunciada por la Fundación Más Vida por entender que esos reportes resultaron determinantes en el cambio de cuidado personal. Por otra parte, el Colegio Profesional de Psicólogas y Psicólogos de Chubut (ColPsiCH) difundió un comunicado en el que expresó pesar por la muerte de Ángel, reclamó una investigación rápida y repudió mensajes de odio y la circulación de datos personales contra “la psicóloga matriculada Jennifer Leiva”, invocando prudencia y respeto por el debido proceso.
El foco está puesto en los informes que se habrían usado para sostener la revinculación y en cómo se implementó el proceso. En las últimas horas se conocieron audios de una conversación tensa entre el padre y la profesional, grabada en el marco del conflicto por el contacto con el nene y difundida luego como parte del reclamo. En esos intercambios, López insiste en que Ángel “no está bien” y que quería vivir con él; Leiva, por su parte, cuestiona las visitas del padre al jardín y habla de “revictimización”.
En la reconstrucción del derrotero de Familia, la restitución de la guarda a la madre biológica aparece fechada el 4 de noviembre de 2025, y el expediente incluyó restricciones de contacto que estuvieron ligadas a denuncias previas y plazos concretos. Ese contexto es clave porque muestra que la discusión no es sólo “quién tenía razón” en la pelea de adultos, sino cómo funcionó el engranaje institucional que debía priorizar protección y bienestar del niño.
Tras la muerte de Ángel, ese engranaje pasó a revisión. El pedido contra Leiva no se limitó a apartarla: también reclamó preservar expedientes del SPD vinculados a revinculaciones, secuestrar documentación y evitar que se alteren legajos o informes mientras avanza la investigación. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal local es el que debe definir si hace lugar a las cautelares solicitadas.
Además del impulso del padre, apareció otro actor: la Fundación Más Vida, que presentó denuncias contra Leiva y otra psicóloga, Vanesa Marín, argumentando que sus informes habrían sido relevantes para la decisión judicial y cuestionando la ausencia de ciertas instancias de evaluación. La organización habló de “informe ambiental” no realizado y de supuestos elementos del contexto que, a su entender, debieron encender alertas. Todo eso, por ahora, forma parte del terreno de acusaciones que deberá validar o descartar la Justicia.
Mientras tanto, la causa penal avanza sobre el núcleo más doloroso: qué le pasó a Ángel. La madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel Kevin González, están detenidos con prisión preventiva e imputados por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Los datos de autopsia apuntan a lesiones compatibles con maltrato severo. Esa información explica por qué el debate se expandió: cuando el resultado es una muerte, cada eslabón previo —juzgados, asesorías, equipos técnicos, organismos de protección— queda inevitablemente bajo lupa.
Mirá También
