La historia de Kate del Castillo y su célebre encuentro con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán sigue sumando capítulos inesperados. A casi una década de aquel episodio que la colocó en el centro de la atención pública y judicial, la actriz mexicana enfrenta ahora una nueva disputa: la Fiscalía General de la República (FGR) ha impugnado el amparo que la reconocía como víctima en la investigación federal derivada de su reunión con el entonces líder del Cártel de Sinaloa.
El caso, que ha capturado la mirada de México y del mundo, comenzó en octubre de 2015, cuando Kate del Castillo se reunió con Guzmán Loera en la sierra de Sinaloa. El narcotraficante, prófugo de la justicia en ese momento, buscaba que su historia fuera llevada al cine, y la actriz, junto a su empresa Kate del Castillo Productions, Inc., se involucró en un proyecto biográfico y en la promoción de la marca de tequila Honor del Castillo. Lo que parecía una apuesta arriesgada por la narrativa y la verdad, pronto se transformó en un laberinto de investigaciones, señalamientos y consecuencias personales y profesionales para la intérprete.
Un amparo, una demanda millonaria y el reclamo de justicia
En 2018, convencida de haber sido víctima de persecución política y de actuaciones indebidas por parte de las autoridades mexicanas, Kate del Castillo presentó una demanda contra el Estado mexicano. La reclamación ascendía a 60 millones de dólares, en busca de una indemnización por responsabilidad patrimonial y daño moral. La actriz sostenía que la investigación en su contra, que incluyó una orden de localización y presentación para que declarara ante el Ministerio Público, había sido injusta y mediáticamente devastadora.
La defensa de Del Castillo denunció en 2025 a servidores y exservidores públicos por posibles delitos contra la administración de justicia. Sin embargo, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos consideró que la actriz solo actuaba como denunciante y le negó el reconocimiento formal como víctima. Ante esta negativa, Kate promovió un amparo, que fue resuelto a su favor por el juez federal Julio César Molina García. La sentencia ordenaba reconocer tanto a la actriz como a su productora como víctimas, permitiéndoles acceder al expediente, recibir notificaciones y participar activamente en la investigación.
La impugnación de la Fiscalía y lo que está en juego
El 14 de octubre de 2026, la FGR presentó un recurso de revisión para impugnar la resolución que favorecía a Kate del Castillo. El objetivo: revertir la orden judicial que instruía a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos a reconocer a la actriz y a su empresa como víctimas en la investigación federal. De acuerdo con los procedimientos, ahora será un Tribunal Colegiado en Materia Penal el encargado de analizar los argumentos de ambas partes y decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia de amparo.
Este reconocimiento no es menor. De ser confirmado, permitiría a Del Castillo y a su productora consultar los registros de la carpeta de investigación, conocer de primera mano las actuaciones de las autoridades y ejercer plenamente su derecho a la defensa. En caso contrario, la actriz quedaría limitada a la posición de denunciante, sin acceso a información clave ni participación activa en el proceso.
Una lucha marcada por la perseverancia
El caso de Kate del Castillo es, en muchos sentidos, un reflejo de los desafíos que enfrentan quienes se ven envueltos en procesos judiciales de alto perfil en México. La actriz, lejos de resignarse, ha mantenido firme su postura. “Ya saben, es México. Todo es apenas… todo es así, lento y burocrático. Así es, ni modo. No quito el dedo del renglón”, expresó recientemente, dejando claro que no piensa abandonar su búsqueda de justicia y reparación.
Mientras el Tribunal Colegiado prepara su resolución, la historia de Kate del Castillo continúa siendo un recordatorio de cómo la fama, la justicia y la política pueden entrelazarse de formas inesperadas. Lo que está en juego no es solo el reconocimiento legal de una víctima, sino también el derecho a la verdad y la defensa de la dignidad personal frente a las estructuras del poder.
