En una decisión que marca un giro en la política de seguridad argentina, el gobierno de Javier Milei declaró oficialmente como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales de México, Colombia y Ecuador. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial y adelantado en un comunicado firmado por el propio presidente, coloca en el centro del debate la amenaza transnacional del narcotráfico y la violencia organizada en la región.
La medida, coordinada por la Cancillería, los ministerios de Seguridad Nacional y de Justicia, y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), incorpora al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a los mexicanos Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, a las guerrillas colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), y al grupo ecuatoriano Los Tiguerones. El objetivo: fortalecer la prevención, la detección temprana y el intercambio de información con otros Estados frente a organizaciones cuya expansión ya no conoce fronteras.
El Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana: la amenaza mexicana
El gobierno argentino definió al Cártel de Sinaloa como una "organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas". Su capacidad operativa y su influencia internacional han llevado a varios países, entre ellos Estados Unidos, a incluirlo también en sus listas de grupos terroristas. En el caso de La Nueva Familia Michoacana, se subrayó su especialización en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, así como una "alarmante expansión regional" que preocupa a las autoridades sudamericanas.
La decisión argentina responde a la creciente evidencia de que estos grupos no solo operan en sus países de origen, sino que han diversificado sus actividades ilícitas y extendido su alcance, generando riesgos concretos para "la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación". El registro de estas organizaciones como terroristas permite a Argentina adoptar medidas más estrictas en materia de prevención y sanción, así como facilitar la cooperación internacional para combatir el narcoterrorismo.
Colombia y Ecuador: la violencia que cruza fronteras
Junto a los grupos mexicanos, el gobierno de Milei incluyó a las FARC-EP y al ELN, definidas oficialmente como "organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda". Ambas han sido protagonistas de décadas de conflicto armado en Colombia y, según informes oficiales, mantienen actividades que representan una amenaza para la seguridad regional.
El grupo ecuatoriano Los Tiguerones, por su parte, fue descrito como una organización dedicada al "narcotráfico y sicariato", y catalogada como una de las "más violentas de la región". Su inclusión en el registro argentino refleja la preocupación por el avance de bandas criminales que, en los últimos años, han protagonizado episodios de extrema violencia en Ecuador y han mostrado capacidad para operar más allá de sus fronteras.
Un frente regional contra el narcoterrorismo
La decisión de Argentina se inscribe en una tendencia regional de endurecimiento de políticas frente al crimen organizado. El comunicado oficial destaca la importancia de actuar de manera coordinada con otros países y de compartir información estratégica para prevenir la infiltración de estas redes en el territorio nacional.
En agosto, la SIDE ya había incorporado al registro a Los Chone Killers, otra organización criminal ecuatoriana. Ahora, con la inclusión de estos cinco grupos, el gobierno de Milei busca enviar un mensaje claro: Argentina no será un terreno fértil para el avance del narcoterrorismo.
La resolución, basada en informes reservados de los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores, subraya que la naturaleza transnacional de estas organizaciones y la diversificación de sus actividades ilícitas exigen respuestas integrales y una vigilancia constante. Para la sociedad argentina, la noticia representa tanto una advertencia sobre los desafíos de la seguridad contemporánea como un compromiso renovado del Estado para proteger a sus ciudadanos frente a amenazas globales.
