La madrugada del martes marcó un giro crucial en la búsqueda de justicia para Miguel Rojas y Berenice Gilles, los fotoperiodistas que perdieron la vida durante el festival Axe Ceremonia en abril de 2025. Tras una extensa audiencia que comenzó la noche anterior y se prolongó hasta la madrugada, un juez de control vinculó a proceso a siete personas físicas y tres empresas, señaladas por su presunta responsabilidad en el accidente que conmocionó a la comunidad artística y cultural de la Ciudad de México.
El caso, que ha estado bajo la atención pública por más de un año, pone en el centro la importancia de los protocolos de seguridad en eventos masivos y la responsabilidad de quienes los organizan y supervisan. Para los familiares de las víctimas, la decisión judicial representa un avance en un proceso largo y doloroso, marcado por demoras legales y reclamos de justicia.
El accidente que lo cambió todo
La tragedia ocurrió cuando una plataforma elevadora, utilizada durante el montaje del festival en el Parque Bicentenario, colapsó y cayó sobre las víctimas. Según un dictamen en materia mecánica forense, la plataforma fue empleada para funciones para las que no estaba diseñada, un hallazgo que resultó clave para determinar las responsabilidades.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México identificó tres ámbitos de responsabilidad: la administración del recinto, la organización del evento y el montaje de las estructuras. Cada uno de los imputados, tanto personas físicas como empresas, tenía un papel específico en la cadena de decisiones y acciones que desembocaron en el accidente.
Quiénes son los vinculados y sus responsabilidades
Entre los señalados por la justicia se encuentran:
- Eduardo “N”, representante legal de la empresa encargada del Parque Bicentenario, responsable de implementar el Programa Especial de Protección Civil.
- Marcos Francisco “N”, gerente de Operaciones del recinto, quien firmó la minuta de inspección previa al festival, cuando la estructura aún no estaba instalada.
- Martín “N”, representante legal de la empresa promotora, vinculado a la planeación y distribución de espacios y estructuras del festival.
- María “N”, directora de Producción, quien aprobó la instalación de las plataformas elevadoras en una reunión el 28 de marzo de 2025.
- Nathalie “N”, representante legal de la empresa responsable del montaje, quien asumió obligaciones sobre las estructuras.
- Rodrigo Napoleón “N”, director creativo, participante en la instalación de las plataformas.
- Pedro “N”, productor de eventos, implicado en la recepción y montaje de las estructuras.
Además, María del Pilar “N”, responsable de Protección Civil del festival, ya había sido vinculada a proceso previamente. En total, son ocho personas físicas y tres empresas bajo proceso judicial.
Las empresas imputadas son Operadora Eclectic S.A. de C.V., Agencia de los socios S.A.P.I. de C.V. y O.N. Producciones. Se les impuso una garantía económica de 500 mil pesos a cada una y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
El trasfondo legal y las reacciones
La defensa de las empresas intentó argumentar que el delito de homicidio culposo había prescrito, citando retrasos en las audiencias y recursos legales que postergaron el proceso por más de un año. Sin embargo, el juez desestimó estos argumentos y ordenó que todos los imputados enfrenten el proceso penal.
Durante la audiencia, salió a la luz que Grupo Eco, señalado como principal responsable, cobró un seguro tras el accidente. Según documentos de la aseguradora GMX Seguros, el pago se realizó con la condición de que se justificara su uso para resarcir daños a las familias de las víctimas y cubrir gastos legales. Esta revelación generó indignación entre los familiares, quienes sienten que el poder económico ha prevalecido sobre la justicia.
Un proceso que busca respuestas
Como medidas cautelares, las personas físicas vinculadas a proceso deben presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y tienen prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas. En el caso de la muerte de Berenice Gilles, la empresa administradora del recinto fue la única que no firmó un acuerdo reparatorio con la familia, motivo por el cual sigue bajo proceso.
La resolución judicial representa un paso adelante en la búsqueda de justicia para Miguel y Berenice, y pone en el centro del debate la necesidad de reforzar la seguridad y la responsabilidad en la organización de eventos masivos. Para las familias, el camino aún es largo, pero la esperanza de que se esclarezcan los hechos y se asuman las consecuencias permanece más viva que nunca.
