El caso que involucra a Candela Arizaga y Facundo Moyano sumó un nuevo capítulo. A poco más de un mes del episodio que dio origen a la investigación judicial, el abogado de la joven, Roberto Herrera, presentó un nuevo pedido para que se levante la prohibición de acercamiento y contacto que rige sobre el dirigente sindical.
La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires y se inscribe en la causa en la que Moyano es investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un contexto de violencia de género.
Según el planteo de Herrera, las circunstancias que pudieron haber justificado la adopción de las medidas preventivas inicialmente ya no se encontrarían vigentes. Por ese motivo, solicitó que la Justicia revise la necesidad de mantener las restricciones y planteó su “inmediato levantamiento”.
Uno de los principales argumentos de la presentación son las propias declaraciones de Arizaga incorporadas al expediente. De acuerdo con lo expuesto por su representación legal, la joven negó haber sido víctima de violencia física o psicológica por parte de Moyano y descartó haber estado privada de su libertad.
Además, manifestó su intención de restablecer el vínculo afectivo con el exdiputado. El abogado también hizo referencia a distintos testimonios que forman parte de la investigación. Entre ellos se encuentran declaraciones de efectivos policiales, integrantes de la Brigada de Género, una oficial que acompañó a Arizaga al Hospital Pirovano, una médica, una amiga y familiares de la joven.
Desde la defensa de Arizaga sostienen que esos testimonios serían compatibles con la versión que la propia joven brindó ante la Justicia y que, en consecuencia, no permitirían advertir actualmente un riesgo “concreto, cierto y verificable” que justifique impedir el contacto entre ambos.
El antecedente que pesa sobre el nuevo planteo
El pedido presentado ahora no es el primero. El 24 de agosto, Arizaga ya había solicitado que se levantaran las medidas cautelares después de ampliar su declaración ante la Justicia. En aquella oportunidad, la fiscal Florencia Nocerez decidió mantener las restricciones mientras avanzaba la investigación.
La causa se inició durante la madrugada del 4 de agosto, cuando la Policía de la Ciudad intervino luego de encontrar a Arizaga en las inmediaciones del edificio donde vive Moyano, en el barrio porteño de Belgrano. A partir de ese episodio, la Justicia dispuso, entre otras medidas, una prohibición de acercamiento de 300 metros y la prohibición de mantener contacto entre ambos.
La investigación también incorporó los testimonios de 11 personas vinculadas de manera directa o indirecta con lo ocurrido, entre ellas policías, personal médico, vecinos y personas del entorno de la pareja.
Ahora, con el nuevo pedido presentado por su abogado, la situación vuelve a quedar bajo análisis judicial. La decisión sobre las medidas de restricción quedará en manos de la Justicia mientras continúa la investigación sobre los hechos ocurridos el 4 de agosto.
