En una sesión marcada por el contraste de posturas y la urgencia legislativa, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron las reformas clave que conforman el Paquete Económico 2027. El dictamen, que será discutido próximamente en el pleno, incluye cambios a la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la Ley de Ingresos de la Federación, y promete transformar la manera en que el Estado mexicano recauda y administra sus recursos.
La aprobación, con 18 votos a favor y 11 en contra, no estuvo exenta de polémica. Durante más de dos horas y media, senadores de distintas bancadas expusieron sus argumentos en torno a los límites de las deducciones fiscales para empresas, el incremento de la deuda pública y el aumento de las cuotas por servicios, especialmente para turistas y usuarios de servicios médicos y sanitarios.
El corazón del debate: ¿más ingresos o más carga?
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, fue uno de los más críticos al señalar que el paquete mantiene la carga tributaria sobre los trabajadores y no avanza hacia una reforma fiscal progresiva. "No estamos en contra de recaudar más ingresos, estamos en contra de hacerlo a costa de quienes más trabajan en México", expresó, reflejando la preocupación de que los nuevos límites a deducciones y los aumentos en derechos puedan impactar directamente en el bolsillo de los ciudadanos y en el costo de servicios fundamentales.
Por su parte, la senadora priista Cristina Ruiz advirtió que las modificaciones al ISR podrían afectar a empresas que cumplen con la ley, al restringir la posibilidad de deducir pérdidas fiscales. También cuestionó el aumento del endeudamiento y los resultados de la política de austeridad, afirmando que "Morena confunde recaudar con producir y endeudarse con gobernar".
Desde el PAN, Ricardo Anaya centró sus críticas en el crecimiento de la deuda pública, alertando que el costo financiero previsto para 2027, cercano a 1.6 billones de pesos, podría absorber recursos destinados a infraestructura y programas sociales. "El riesgo de que la deuda siga aumentando es real y debe preocuparnos a todos", sostuvo.
La visión oficialista: fortalecer ingresos sin subir impuestos
En contraste, legisladores de Morena y el Partido Verde defendieron el paquete como una estrategia para fortalecer la recaudación sin elevar las tasas generales de impuestos. El senador Carlos Humberto Suárez argumentó que los controles a las deducciones fiscales y la actualización de derechos buscan que quienes reciben beneficios por servicios públicos contribuyan de manera justa.
El morenista Manuel Huerta, al presentar los dictámenes, subrayó que la reforma al ISR no crea nuevos impuestos ni aumenta las tasas existentes. Entre los cambios, destacó la ampliación de los límites de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza y la incorporación de controles para ciertas deducciones y pérdidas fiscales, así como la condonación de multas a empresas bajo condiciones específicas.
Más deuda y mayores cobros a turistas
Uno de los puntos más sensibles del paquete es el aumento del techo de endeudamiento interno neto, que podría alcanzar hasta 1.7 billones de pesos, además de un endeudamiento externo de hasta 13 mil 500 millones de dólares para el gobierno federal. La Ley de Ingresos estima recursos por más de 10 billones 636 mil millones de pesos para 2027.
Asimismo, se prevén incrementos en las cuotas que pagan los turistas extranjeros por ingresar al país, así como en los derechos por servicios médicos y sanitarios. Estas medidas buscan incrementar los ingresos públicos, aunque han generado inquietud sobre su posible impacto en la competitividad turística y el acceso a servicios de salud.
Lo que sigue: el reto del consenso
Con la aprobación en comisiones, el Paquete Económico 2027 está listo para ser discutido en el pleno del Senado, donde se anticipa un debate igual de intenso. Mientras el oficialismo apuesta por una recaudación más eficiente y controlada, la oposición advierte sobre los riesgos de mayor endeudamiento y de trasladar la carga fiscal a trabajadores y empresas formales.
El desenlace de esta discusión marcará el rumbo de la política fiscal mexicana para los próximos años y pondrá a prueba la capacidad del Senado para encontrar equilibrios entre la necesidad de ingresos y la protección de los sectores más vulnerables.
