La mañana del 7 de septiembre, durante la habitual conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, una noticia sacudió a los responsables de la seguridad energética nacional: Estados Unidos había reducido el envío de gas natural a México. La advertencia, transmitida por Cuitláhuac García, director general del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), no solo encendió las alarmas en el sector, sino que también puso en evidencia la alta dependencia del país respecto a su vecino del norte.
En México, cerca del 70% —y en algunos cálculos, hasta el 75%— del gas natural consumido proviene de Estados Unidos. Esta relación, tejida durante años, ha permitido sostener la demanda eléctrica, industrial y residencial, pero también ha generado una vulnerabilidad inédita: ante cualquier variación en el flujo, el país queda expuesto a una crisis inmediata.
Solo tres días de margen: el talón de Aquiles energético
La situación es más crítica de lo que muchos imaginan. Según reconoció el propio titular de Cenagas, si el suministro estadounidense se detuviera por completo, México solo contaría con reservas suficientes para tres días. Estas reservas no se almacenan en grandes depósitos subterráneos, sino que corresponden al gas que permanece en tránsito dentro de los ductos que cruzan la frontera.
La falta de infraestructura de almacenamiento estratégico es un problema de larga data. Aunque en el país operan cinco terminales de Gas Natural Licuado, todas son privadas y no están integradas al sistema nacional de transporte y almacenamiento (SISTRANGAS). Esto significa que, ante una emergencia, el margen de maniobra es mínimo y la economía nacional podría resentirse de manera directa e inmediata.
Impacto en la economía y la vida cotidiana
La dependencia del gas importado no es solo una cuestión técnica. Como reconoce el gobierno federal en su Programa Institucional del Centro Nacional de Control del Gas Natural 2026-2030, cualquier reducción en la disponibilidad del recurso impacta de lleno en el funcionamiento de la economía: desde la generación de electricidad hasta los procesos industriales y el suministro residencial. Los costos de una interrupción se trasladan rápidamente a toda la sociedad.
El episodio reciente ha reavivado la discusión sobre la necesidad de diversificar fuentes y fortalecer la soberanía energética. El gobierno de Sheinbaum ha planteado dos caminos: impulsar el desarrollo de infraestructura de almacenamiento y explorar alternativas para aumentar la producción nacional, incluyendo la explotación de gas no convencional mediante técnicas de fracking.
Fracking: ¿solución o dilema?
En abril de 2026, la presidenta Sheinbaum dio los primeros pasos para promover el fracking en México, una técnica controvertida por sus posibles impactos ambientales. La mandataria defendió la propuesta bajo el concepto de “fracking sustentable”, argumentando que las nuevas tecnologías pueden mitigar los daños y que, de hecho, México ya consume gas no convencional, pero extraído en Texas.
El objetivo es claro: reducir la dependencia de las importaciones y dotar al país de mayor autonomía en materia energética. Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas y desafíos, especialmente en lo relativo a la protección ambiental y la aceptación social de la técnica.
Un futuro en construcción
La reciente reducción en los envíos de gas desde Estados Unidos ha sido, para muchos, una llamada de atención ineludible. Más allá de la coyuntura, el episodio deja en claro que la seguridad energética de México depende de decisiones estratégicas de largo plazo: invertir en almacenamiento, diversificar fuentes y fortalecer la infraestructura nacional.
Mientras tanto, la vulnerabilidad persiste. La escena de un país con solo tres días de reservas ante una eventual crisis energética resume el desafío: construir un sistema menos dependiente y más resiliente, capaz de enfrentar las incertidumbres de un mundo cada vez más interconectado y competitivo.
