La mañana en que las fuerzas federales y estatales irrumpieron en la Comisaría de Seguridad Pública de Juchitán de Zaragoza marcó un punto de inflexión para este municipio del Istmo de Tehuantepec. La escena, rodeada por patrullas de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y policías estatales, dejó claro que la seguridad local ya no podía quedar exclusivamente en manos municipales. La orden era precisa: todos los policías debían acudir con sus armas y patrullas para ser revisados.
Esta intervención no surgió de la nada. Apenas dos días antes, el presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, había sido detenido por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y una larga lista de delitos que incluyen extorsión, tráfico de personas, narcomenudeo y homicidio. La detención del edil desató una serie de bloqueos carreteros protagonizados, según investigaciones en curso, por elementos de la propia policía municipal, en un intento de impedir el traslado de su jefe.
El tejido invisible: policías, halcones y la sombra de Los Cromo
Las sospechas sobre la policía municipal de Juchitán no son nuevas. Vecinos y comerciantes, cansados del miedo, han relatado cómo los agentes no solo patrullaban las calles, sino que también trasladaban en sus vehículos oficiales a miembros de “Los Cromo”, una célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación. "Veíamos cómo la policía municipal trasladaba en sus patrullas a la gente del Cromo", cuenta un habitante local, describiendo escenas cotidianas donde la frontera entre autoridad y delincuencia parecía difuminarse.
El testimonio de José —nombre ficticio para proteger su identidad— revela la magnitud del problema: cada semana paga una cuota por "cobro de piso" a Los Cromo, bajo amenaza de violencia. Los recaudadores, a veces custodiados por patrullas municipales, refuerzan la percepción de una policía no solo permisiva, sino activamente involucrada en la protección y operación de los grupos criminales.
Bloqueos, investigaciones y una desconfianza arraigada
La detención de Sánchez Altamirano fue el detonante de los recientes bloqueos carreteros, acciones que la Fiscalía de Oaxaca investiga de oficio. El fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer la participación de policías municipales en estos hechos y en la protección a Los Cromo. "Tenemos indicios de esa circunstancia", reconoció, subrayando que la rapidez con la que algunos agentes respondían a eventos delictivos generaba sospechas sobre su rol real en la seguridad pública.
No es la primera vez que las autoridades estatales y federales intervienen la policía municipal de Juchitán. En junio de 2025, una operación similar resultó en la detención del director del Centro de Control (C2) y dos elementos más, tras descubrirse que el sistema de videovigilancia municipal tenía "cuentas espejo" que permitían a los criminales acceder a las cámaras. Aquella vez, 218 policías fueron desarmados y sometidos a exámenes de control de confianza, pero la sombra de la colusión persistió.
Un municipio a la espera de respuestas
Mientras la policía estatal asume el control de la seguridad en Juchitán, la comunidad sigue expectante. La detención del excomisario John Keny Moreno Segura, señalado como parte de la estructura criminal de Los Cromo, suma otro capítulo a la crisis de confianza en las instituciones locales. Para muchos habitantes, la esperanza de recuperar la tranquilidad depende no solo de operativos y detenciones, sino de romper el ciclo de complicidad que durante años permitió a los criminales operar con impunidad.
En Juchitán, el desafío es doble: reconstruir la confianza en la autoridad y garantizar que la seguridad pública vuelva a estar verdaderamente al servicio de la ciudadanía. La intervención de las fuerzas federales y estatales es un paso decisivo, pero la verdadera transformación requerirá tiempo, vigilancia constante y, sobre todo, voluntad política para cerrar definitivamente la puerta a la infiltración criminal.
