La puerta del penal de máxima seguridad del Altiplano está a punto de cerrarse tras Ernesto Ruffo Appel. Pero, esta vez, no será para mantenerlo dentro, sino para permitirle regresar a su casa en Ensenada, Baja California. A los 74 años, el exgobernador panista recibió prisión domiciliaria, una medida que marca un giro en el proceso judicial que enfrenta por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
La decisión fue tomada por jueces federales tras una audiencia en la que la defensa de Ruffo presentó dictámenes médicos, testimonios de familiares y vecinos, y documentos que acreditan el arraigo del político en su domicilio desde hace más de 14 años. Los reportes médicos, avalados por la Fiscalía General de la República, fueron clave para que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega y el juez Mario Elizondo Martínez coincidieran en que el estado de salud y la edad del exmandatario justifican el cambio de medida cautelar.
Un proceso judicial que sigue abierto
Ernesto Ruffo Appel fue detenido en julio pasado en Ensenada, acusado de encabezar una organización dedicada al contrabando y comercio ilegal de combustible, conocido en México como huachicol fiscal. Las autoridades lo señalan como presunto líder de un grupo delictivo que operaba a nivel nacional, aunque hasta el momento el proceso se mantiene en etapa de investigación complementaria y existen órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.
La prisión domiciliaria no implica el cierre del caso. Por el contrario, la vigilancia en el domicilio particular de Ruffo estará a cargo de la Guardia Nacional, y el exgobernador deberá permanecer bajo resguardo mientras continúa la investigación. Su abogado, Juan Marcos Gutiérrez, explicó que la medida podría concretarse en las próximas 48 horas, una vez que se completen los trámites de traslado desde el penal del Altiplano hasta su residencia en Ensenada.
La salud y el arraigo, claves en la decisión
El argumento central de la defensa se apoyó en la condición médica de Ruffo, así como en su edad y el arraigo demostrado en Baja California. Durante la audiencia, se presentaron dictámenes médicos y forenses, así como medicamentos y testimonios que respaldaron la solicitud de prisión domiciliaria. La jueza y el juez federal valoraron estos elementos, considerando también que el domicilio propuesto es su residencia habitual desde hace más de una década.
La decisión judicial se inscribe en un contexto nacional de creciente atención a los delitos relacionados con el huachicol, una problemática que ha generado operativos y decomisos históricos en distintos estados del país. El caso de Ruffo, por su perfil político y trayectoria, adquiere relevancia pública y pone en el centro del debate la relación entre poder, salud y justicia.
Un regreso a casa bajo la mirada de la justicia
En las próximas horas, Ernesto Ruffo dejará atrás los muros del penal federal para enfrentar la siguiente etapa de su proceso en el entorno familiar de su hogar en Ensenada. Sin embargo, la vigilancia de la Guardia Nacional y la continuidad de la investigación mantienen la tensión sobre el futuro del exgobernador. Su caso, uno de los más notorios en la lucha contra el huachicol fiscal, seguirá siendo observado de cerca tanto por las autoridades como por la opinión pública.
