La detención de John Keny Moreno Segura, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, sacudió a la sociedad oaxaqueña y puso de relieve la compleja trama de presuntos vínculos entre autoridades locales y el crimen organizado en el Istmo de Tehuantepec. Su captura, ejecutada por fuerzas estatales y federales, es la tercera en una serie de operativos que buscan desarticular la estructura criminal identificada como 'Los Cromos', señalada por las autoridades como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.
La aprehensión de Moreno Segura se produjo apenas 24 horas después de la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias 'Quetu', y de Carlos Alberto 'N', conocido como 'La Parca'. Las investigaciones apuntan a que estos funcionarios municipales, junto con el exjefe policial, habrían facilitado la operación de 'Los Cromos' mediante esquemas de protección, extorsión agravada, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.
Un operativo de alto impacto y la caída de un mando clave
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, desplegó un operativo estratégico en Juchitán y otros puntos del Istmo. En la segunda fase de este despliegue, la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica ejecutó la orden de aprehensión contra Moreno Segura, quien es señalado por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y la seguridad del Estado.
Según las autoridades, la estructura de 'Los Cromos' habría contado con la protección de funcionarios municipales, permitiendo así su consolidación en la región. La detención de Moreno Segura representa, para la Fiscalía, un golpe importante en el intento de desarticular la red de complicidades que habría favorecido la expansión del grupo delictivo.
El contexto: miedo, amenazas y silencio
La operación no solo expuso los presuntos nexos entre mandos policiales y el crimen organizado, sino también el clima de amenazas y temor que impera en Juchitán. Mariano Rosado López, exsecretario municipal hoy prófugo, denunció haber recibido amenazas junto a otros funcionarios y comerciantes, y aseguró contar con evidencias sobre el cobro de piso y transferencias ilícitas en la región. Sin embargo, subrayó que la mayoría de las víctimas no presentaron denuncias por miedo a represalias y para proteger a sus familias.
Tras la detención del alcalde, se registraron movilizaciones y bloqueos en los accesos a Juchitán, así como la quema de neumáticos, en protesta por la captura del edil. Familiares y allegados exigieron su liberación, describiéndolo como un padre ejemplar y un servidor público responsable. Sin embargo, las investigaciones ministeriales continúan y el presidente municipal fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, donde enfrentará el proceso correspondiente.
Oaxaca asume la seguridad y amplía la lupa sobre autoridades
Ante la magnitud del caso, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que la seguridad pública de Juchitán quedaría bajo control de la Policía Estatal, mientras se desarrollan las investigaciones. El mandatario confirmó que existen indagatorias abiertas sobre otros funcionarios municipales y alcaldes de la entidad, en el marco de una política de “cero impunidad”.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, destacó que, además de las detenciones, la Unidad de Inteligencia Financiera procedió al bloqueo de cuentas y la inmovilización de recursos de personas vinculadas a la investigación, en un intento por afectar la capacidad operativa y financiera de la presunta red criminal.
Un municipio en vilo y una región bajo la lupa
La caída de John Keny Moreno Segura y de otros funcionarios de alto perfil marca un antes y un después en la lucha contra la infiltración del crimen organizado en las estructuras municipales de Oaxaca. Mientras la comunidad de Juchitán enfrenta las consecuencias de estos operativos y la incertidumbre sobre su futuro político y social, las autoridades estatales y federales insisten en que las investigaciones continuarán hasta desmantelar por completo las redes de complicidad y devolver la tranquilidad a la región.
