La noche del martes marcó un punto de inflexión en el Instituto Nacional Electoral (INE). Apenas unas horas después de que Blanca Yassahara Cruz García asumiera la presidencia provisional del organismo, comenzaron a llegar una tras otra las renuncias de quienes hasta entonces habían formado parte del círculo más cercano de la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala. El número de bajas, que ya asciende a 15 según reportes oficiales, no sólo sacude la estructura interna del INE, sino que pone bajo la lupa la gestión reciente y abre un proceso de revisión sin precedentes.
La magnitud de las salidas sorprendió incluso a los propios consejeros. Entre los nombres que destacan está el de Carlos Daniel Luna Rosas, quien pasó de asesorar a representantes de Morena ante el Consejo General a ocupar la jefatura de la oficina de Taddei. Su renuncia, junto con la de otros funcionarios de confianza, se formalizó la misma noche en que Cruz García tomó protesta, en una sucesión que dejó claro que la transición no sería sencilla ni discreta.
El círculo de confianza y los cuestionamientos pendientes
Las 15 renuncias —12 de ellas provenientes directamente de la oficina presidencial y tres más de áreas estratégicas— no sólo reflejan un cambio de guardia. También evidencian el delicado momento que atraviesa el INE, con investigaciones abiertas y señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de recursos durante la administración de Taddei.
Entre los funcionarios que dejaron su cargo figuran Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática; y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios. Todos ellos participaron, según los reportes, en reuniones con el empresario Alfredo Hernández Casillas, proveedor del instituto y señalado por presuntas irregularidades en contrataciones.
El caso de Luna Rosas también ha llamado la atención, pues fue señalado por supuestamente facilitar la incorporación de su pareja a la plantilla laboral del INE, un episodio que se suma a la serie de cuestionamientos sobre la gestión interna del organismo.
Revisión a fondo y promesa de transparencia
La presidenta provisional, Blanca Cruz, fue enfática al anunciar que todas las renuncias serán revisadas minuciosamente. Antes de proceder con los finiquitos, el INE consultará si existen investigaciones o procedimientos administrativos pendientes que puedan afectar los pagos. “Se tendrá que dar vista al Órgano Interno de Control para saber si existe algún procedimiento iniciado por alguna situación irregular”, explicó Cruz García en conferencia de prensa.
La revisión no se limita a los funcionarios que se han ido. El propio secretario ejecutivo, Roberto Félix López —cercano a Taddei y designado por ella en septiembre—, permanece en funciones de manera temporal, pero su continuidad también está bajo análisis. Los diez consejeros en activo han acordado revisar todos los perfiles y titularidades, tanto en la Junta General Ejecutiva como en las unidades técnicas y coordinaciones.
“Todos los perfiles deben ser revisados, todas las posiciones deben ser revisadas, es un acuerdo que tenemos las y los 10 consejeros”, subrayó Cruz García, quien también adelantó que cualquier hallazgo relevante será turnado a las instancias fiscalizadoras correspondientes, como el Órgano Interno de Control o la Auditoría Superior de la Federación.
Contratos, auditorías y el futuro del INE
Uno de los focos de atención es la revisión de los contratos vigentes con empresas vinculadas al empresario Hernández Casillas. La presidenta provisional aseguró que solicitará información detallada sobre los proveedores y que la transparencia será la regla en esta nueva etapa. “Ninguna autoridad competente debe encontrar obstáculos en el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus atribuciones”, afirmó, comprometiéndose a que el Órgano Interno de Control tendrá plena autonomía para actuar.
En cuanto a los contratos para la provisión de material electoral, especialmente en Puebla, Cruz García defendió la legalidad de los procedimientos y aclaró que la empresa adjudicada no está vinculada con Hernández Casillas. Además, destacó que la Auditoría Superior de la Federación no emitió observaciones a la Cuenta Pública de 2024 del organismo electoral poblano, aunque la revisión estatal sigue en curso.
Un INE bajo escrutinio y la promesa de colegialidad
La transición en el INE ocurre en un contexto de alta sensibilidad política y social. La salida de Taddei y la ola de renuncias han puesto a prueba la capacidad del organismo para autodepurarse y recuperar la confianza ciudadana. Cruz García ha sido clara en que no hará uso de facultades extraordinarias para designar unilateralmente a nuevos funcionarios, sino que buscará la toma de decisiones colegiada y transparente.
El mensaje es contundente: el INE está decidido a abrir sus puertas a la revisión y a garantizar que cualquier irregularidad sea investigada y sancionada conforme a la ley. En palabras de la presidenta provisional, se trata de “recuperar la toma de decisiones colegiada” y asegurar que el organismo siga siendo un pilar de la democracia mexicana.
La historia aún se escribe, pero la sacudida interna ya es un hecho. Lo que ocurra en las próximas semanas será decisivo para el futuro del INE y para la confianza de millones de ciudadanos en el árbitro electoral del país.
