La tarde se teñía de incertidumbre frente a la sede de la Fiscalía de Jalisco. Allí, decenas de familiares y activistas sostenían pancartas y cánticos, aguardando noticias sobre sus seres queridos detenidos tras la multitudinaria protesta por el agua contaminada que, días antes, había sacudido a Guadalajara. Uno a uno, los manifestantes comenzaron a salir en libertad, en una secuencia de liberaciones que trajo alivio y renovó la exigencia de justicia.
La movilización, que reunió a miles de ciudadanos en la glorieta de La Minerva y culminó frente a Casa Jalisco, fue la respuesta a meses de frustración por la mala calidad del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Cientos de familias denunciaban olores fétidos y tonalidades oscuras en el suministro, afectando a más de cien colonias. La indignación social escaló hasta convertirse en una marcha que, aunque inició de forma pacífica, terminó en enfrentamientos cuando las fuerzas de seguridad respondieron con cañones hídricos y gases lacrimógenos ante el derribo de vallas de protección.
La llamada que cambió todo
La noche del domingo, seis de los 39 detenidos recuperaron su libertad. Las noticias corrieron rápido entre los presentes en el plantón instalado por allegados a los arrestados. Durante la madrugada y la mañana del lunes, otros grupos fueron liberados, sumando 18 personas que pudieron volver a casa en las primeras horas. Para la tarde, la cifra ascendía a 23 y, finalmente, minutos después de las 18:00 horas, el conteo alcanzó 32 liberados, según confirmó la Fiscalía del Estado de Jalisco.
La liberación de los manifestantes se sustentó en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite continuar las investigaciones sin que los señalados permanezcan en prisión preventiva. Así, aunque la mayoría de los detenidos pudo regresar a sus hogares, las carpetas de investigación siguen abiertas para esclarecer los hechos relacionados con presuntos delitos contra las vías de comunicación, lesiones y faltas cometidas contra la autoridad.
Un plantón de esperanza y reclamo
Mientras la lista de liberados crecía, la presión social no cedía. A las afueras de la fiscalía, el plantón de familiares y activistas se convirtió en símbolo de resistencia. Entre ellos, Clara Miranda, madre de Daniel Delgadillo Miranda, de 18 años, compartía su angustia por la falta de contacto directo con su hijo. Javier Calderón, amigo de otro de los detenidos, Jesús Torres, aguardaba noticias con la misma mezcla de esperanza y desasosiego.
Los colectivos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza pública y la presunta arbitrariedad de algunas detenciones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió 41 actas de investigación y dictó medidas cautelares tras los hechos, mientras el gobernador Pablo Lemus solicitó una revisión minuciosa caso por caso y aseguró la colaboración total con las autoridades de derechos humanos para investigar posibles abusos.
La exigencia de exoneración total
A pesar de las liberaciones, familiares y activistas insisten en que la lucha no termina. La demanda es clara: exonerar a todos los implicados y garantizar que ninguna persona sea criminalizada por ejercer su derecho a la protesta. La Fiscalía estatal reiteró su compromiso con la investigación y la procuración de justicia, recordando que el Ministerio Público cuenta con un plazo de 48 horas para determinar la situación jurídica de los detenidos restantes.
La protesta por el agua contaminada en Guadalajara ha dejado una huella profunda en la sociedad jalisciense. Más allá de los hechos de violencia y la represión, la movilización ciudadana evidenció la fuerza de una comunidad que no está dispuesta a resignarse ante la adversidad. Las historias de quienes recuperaron su libertad y de quienes aún esperan justicia son el reflejo de una lucha colectiva por el derecho a la salud, la dignidad y la democracia.
