La mañana comenzó con consignas y tensión en la sede central del Instituto Nacional Electoral (INE). Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana, responsables de la credencialización de millones de mexicanos, se manifestaron para exigir mejores condiciones laborales, en un paro que, según sus representantes, afectó al 95% de los módulos en todo el país. La demanda era contundente: un aumento salarial del 100% y la renovación de equipos de trabajo considerados obsoletos.
La protesta, que paralizó uno de los servicios públicos más sensibles del país, puso en evidencia el malestar acumulado entre los empleados del INE. Durante varias horas, la atención ciudadana quedó suspendida, impactando directamente a quienes necesitaban tramitar o renovar su credencial para votar. La magnitud de la movilización sorprendió incluso a los propios organizadores, quienes reportaron la adhesión de trabajadores en al menos 20 estados y una rápida escalada de participación.
La negociación a puerta cerrada
En ese contexto, la consejera presidenta del INE, Blanca Cruz, encabezó una reunión de casi tres horas con representantes de los trabajadores. El encuentro, celebrado a puerta cerrada, fue decisivo: finalmente, los empleados aceptaron la propuesta de un incremento salarial del 6%. Aunque la cifra quedó lejos del 100% solicitado inicialmente, se estableció el compromiso de revisarla en función de la disponibilidad presupuestal y la posibilidad de ampliarla si las condiciones lo permiten.
"Tenemos el acuerdo con ellos de que vamos a revisar con la base mínima del seis por ciento y hasta donde podamos crecerlo con base en la disponibilidad que nosotros tengamos", explicó Cruz en conferencia de prensa. Además, la consejera presidenta detalló que, de generarse economías en la segunda mitad del año 2027, esos recursos podrían redirigirse a las áreas más prioritarias, entre ellas los propios módulos y las juntas ejecutivas locales y distritales.
Un paro con mensaje y advertencia
La jornada de paro fue breve, pero dejó claro el nivel de organización y determinación de los trabajadores. Édgar Fernández, representante de los manifestantes, advirtió antes de la negociación que, de no recibir una respuesta satisfactoria, se contemplaba un nuevo paro nacional para el 25 de enero, fecha clave por el cierre del proceso de credencialización. Aunque el aumento del 6% fue finalmente aceptado, los empleados mantienen la expectativa de seguir negociando mejoras salariales y de equipamiento.
La protesta también puso sobre la mesa la urgencia de modernizar los equipos utilizados para actualizar el padrón electoral, una demanda que, aunque no fue resuelta en esta ocasión, quedó registrada como prioridad para futuras discusiones.
El desafío del recorte presupuestal
El acuerdo salarial se alcanzó en un contexto particularmente complejo para el INE. Apenas unas horas antes, la Cámara de Diputados aprobó un recorte de seis mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el organismo para 2027, año en el que se celebrarán elecciones locales y federales intermedias. El presupuesto del INE pasará de los 42 mil 274 millones de pesos solicitados a 36 mil 912 millones, una reducción significativa que obligará a la institución a replantear la distribución de sus recursos.
La consejera presidenta Blanca Cruz subrayó que, antes de realizar cualquier ajuste adicional, el INE esperará a conocer en detalle cómo se aplicará el recorte aprobado por los diputados. No descartó la posibilidad de solicitar una ampliación presupuestal si fuera necesario, y aseguró que el análisis de las condiciones salariales de los trabajadores será incorporado en el anteproyecto de presupuesto para 2027.
Un compromiso en construcción
Mientras tanto, los trabajadores del INE han dejado claro que su lucha por mejores condiciones no ha terminado. El acuerdo alcanzado representa un primer paso, pero también un recordatorio de la importancia de quienes, día a día, sostienen la operación de uno de los pilares de la democracia mexicana. El reto para las autoridades será equilibrar las demandas legítimas de su personal con las limitaciones impuestas por un presupuesto cada vez más ajustado.
El episodio vivido esta semana no solo evidenció la relevancia de los trabajadores del INE, sino también la fragilidad de los servicios públicos ante la presión presupuestaria y la necesidad de diálogo constante para evitar nuevas crisis. Por ahora, la credencialización se reanuda, pero el debate sobre los recursos y la dignificación laboral sigue abierto.
