El exgimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado por la Justicia de San Isidro a un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional por el delito de grooming contra una adolescente que era alumna de un gimnasio ubicado en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires.
La sentencia fue dictada por la jueza Mariela Quintana, titular del Juzgado Correccional N° 3 de San Isidro, y además incluyó la imposición de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima, la realización de un tratamiento psicológico y la supervisión durante dos años por parte del Patronato de Liberados bonaerense.
La resolución judicial pone fin a un proceso que se inició formalmente en 2023, a partir de la denuncia presentada por la familia de la adolescente. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, bajo la conducción del fiscal Gonzalo Acosta. Luego, la causa avanzó hacia la instancia de juicio, donde se evaluaron los elementos de prueba incorporados al expediente.
Molinari, de 42 años, fue durante años una de las figuras más reconocidas de la gimnasia artística argentina. En 2012 hizo historia al convertirse en el primer argentino en llegar a una final olímpica en anillas, durante los Juegos Olímpicos de Londres, donde obtuvo diploma olímpico. Más tarde, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ganó la medalla de bronce en la misma especialidad, uno de los hitos más importantes de su carrera deportiva.
Tras su retiro del alto rendimiento, el exatleta se dedicó a la formación deportiva y al entrenamiento de jóvenes gimnastas en el ámbito privado. Por eso, la condena generó fuerte impacto no solo en el mundo judicial, sino también dentro del ambiente deportivo, donde el caso volvió a poner en discusión la necesidad de contar con protocolos claros de prevención, detección y actuación frente a situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con la información difundida sobre el fallo, la pena impuesta es condicional, por lo que Molinari no irá a prisión efectiva mientras cumpla con las condiciones fijadas por la Justicia. Entre esas medidas, además del tratamiento psicológico, se dispuso que fije residencia, quede bajo control del Patronato de Liberados y mantenga la prohibición de contacto con la víctima y su entorno familiar.
El caso también abre una conversación más amplia sobre el grooming, un delito incorporado al Código Penal argentino en el artículo 131. Según la información oficial del Estado argentino, el grooming o ciberacoso es el acoso sexual que realiza una persona adulta hacia un niño, niña o adolescente por medio de internet, teléfono u otras tecnologías de comunicación. La ley prevé penas de prisión de seis meses a cuatro años.
La dimensión digital es uno de los puntos centrales de este tipo de causas. Las redes sociales, aplicaciones de mensajería, juegos online y otros canales de comunicación pueden convertirse en espacios de riesgo cuando una persona adulta intenta generar confianza, manipular o aislar a una persona menor de edad. Por eso, especialistas y organismos públicos recomiendan que las familias mantengan una escucha activa, eviten culpabilizar a las víctimas y actúen rápidamente ante cualquier señal de alarma.
El Estado argentino recomienda, ante una situación de grooming o sospecha de ciberacoso, no borrar conversaciones, imágenes, videos ni registros digitales, ya que pueden funcionar como prueba en una investigación. También aconseja no enfrentar ni amenazar al presunto agresor, para evitar que elimine evidencia o corte el contacto antes de que intervengan las autoridades.
