La causa por el presunto desvío de propofol en el Hospital Italiano sumó un movimiento que podría marcar un punto de inflexión. Delfina “Fini” Lanusse y el anestesista Hernán Boveri, ambos procesados por presunta administración fraudulenta, dejaron atrás una postura principalmente defensiva para avanzar con una estrategia más contundente: pedir su sobreseimiento y cuestionar de raíz la estructura probatoria que sostiene el expediente.
El cambio no es menor. Hasta ahora, el foco estaba puesto en responder a las acusaciones y resistir el avance judicial. Pero las nuevas presentaciones de sus defensas buscan ir un paso más allá: desarmar la hipótesis acusatoria y plantear que la causa, tal como está construida, carece de elementos concretos para sostener un eventual juicio oral.
Según trascendió, en los escritos presentados ante la Justicia, la nueva estrategia apunta directamente a lo que consideran las principales debilidades del caso. Por un lado, cuestionan que el juez Javier Sánchez Sarmiento no habría individualizado hechos específicos, ni precisado fechas, lugares o maniobras puntuales que puedan atribuirse a los imputados. Bajo ese argumento, sostienen que el procesamiento se apoya en inferencias, versiones cruzadas y rumores, sin respaldo material suficiente.
Pero hay otro eje central que podría darle un giro al expediente: el intento de desacreditar una de las pruebas más sensibles de la causa. Se trata de la supuesta confesión vinculada a un encuentro realizado en la Asociación de Anestesiología (AAARBA), que la defensa considera inválida. Los abogados sostienen que ese intercambio se produjo en un marco que prometía confidencialidad asistencial y que luego habría sido utilizado de forma ilegítima para obtener información incriminante.
El dato clave que Delfina y Hernán usan a su favor ante la Justicia
Ese planteo no solo busca debilitar un elemento clave del expediente, sino también abrir un debate sobre la legalidad en la obtención de pruebas, un punto que podría impactar en el futuro procesal del caso.
A eso se suma un argumento que las defensas consideran decisivo: la ausencia de evidencia física sobre el supuesto robo de propofol. De acuerdo con lo presentado, el propio Hospital Italiano informó que no se detectaron faltantes del medicamento durante el período investigado. Los controles internos y arqueos realizados, según esa postura, no registraron diferencias ni irregularidades.
Ese dato es utilizado por Lanusse y Boveri para sostener que, sin faltante comprobado, la hipótesis original pierde consistencia. Y es precisamente allí donde aparece el cambio de estrategia: ya no se trata solo de discutir responsabilidades, sino de cuestionar si el caso tiene base suficiente para seguir avanzando.
Mientras tanto, ambos continúan procesados. Aunque no se dictó prisión preventiva, pesan sobre ellos restricciones importantes: prohibición de salir del país y embargos millonarios sobre sus bienes, fijados en 70 millones de pesos para Boveri y 30 millones para Lanusse.
Ahora, el expediente entra en una etapa decisiva. Si la Justicia considera atendibles los planteos de las defensas, podría dictar el sobreseimiento o, al menos, una falta de mérito que reconfigure por completo el escenario judicial. Si eso no ocurre, la causa podría encaminarse hacia juicio oral.
