En el departamento de Figueroa, en Santiago del Estero, sigue en shock tras el operativo judicial y policial que derivó en el rescate de 9 hermanos, muchos de ellos menores de edad y jóvenes con discapacidades múltiples. Es que de acuerdo a las fuentes, los chicos sufrían a diario explotación sexual y violencia dentro de su propio entorno familiar.
Esa vivienda del horror en el paraje El Cruce, era conocida por todos, pero señalada por pocos. "Es la casa de los primos", decían algunos vecinos con ironía, o simplemente la describían como la vivienda de "una familia rara".
Sin embargo, detrás de esos comentarios cotidianos se escondía una red de abuso y comercio humano que hoy sale a la luz con detalles que hielan la sangre.
Un vecino fue contundente al describir la magnitud de la aberración: "Aquí si hacen ADN no queda nadie libre", desafió, sugiriendo que las violaciones eran una práctica extendida no solo a los padres, sino también a tíos y otros parientes.
El sistema de "transacciones" era moneda corriente en ese hogar. Según los testimonios recolectados por los investigadores, las hijas eran ofrecidas y entregadas a cambio de dinero.
"Incluso, un tío habría aceptado la transacción a cambio de vinos", señaló un funcionario cercano a la causa, revelando que el alcohol era la moneda de cambio para vulnerar la integridad de las menores.
El padre, líder tiránico de este clan, era quien gestionaba el horror: "Pedía plata, ordenaba que le compren vino. Pero lo más repugnante, el que ponía plata tenía garantizada alguna de las hijas".
La consecuencia más trágica de esta "promiscuidad paga" es la situación de una de las menores que hoy es madre, producto presuntamente de estos abusos sistemáticos. El horror no distinguía condiciones.
Se relató un hecho que dejó sin palabras a los oficiales: "Uno de los discapacitados no habla. Solo succiona. Los adultos llegaron a usarlo (para vejaciones sexuales) y algún padre recibió plata". La perversión no tenía límites y se alimentaba del silencio de un pueblo que, por miedo o resignación, aplicaba el "no te metás".
Este pacto de silencio intrafamiliar incluía una vigilancia extrema sobre cualquier persona que intentara acercarse a asistir a la familia, impidiendo que los niños revelaran las atrocidades que ocurrían puertas adentro.
La educación también era una herramienta de control: las niñas y sus hermanos menores fueron retirados de la escuela, reemplazando los libros por golpes y abusos.
Hoy, mientras los acusados están tras las rejas en la capital santiagueña, la comunidad empieza a soltar la lengua sobre lo que todos sabían pero nadie se atrevía a denunciar: la existencia de un "rancho" donde la dignidad humana se vendía.
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