Bastaron pocas semanas de libertad para que Emiliano Emanuel Fleitas volviera a cruzar el límite. El docente imputado por corrupción de menores en la Escuela de Frontera 617 de El Soberbio, en Misiones, fue detenido nuevamente después de contactar a una de sus denunciantes –una alumna menor de edad– a través de TikTok.
La conducta violaba en forma directa la prohibición de acercamiento que era condición de su libertad, otorgada el 23 de diciembre de 2025, una medida que las familias habían apelado desde el primer momento.
El contacto no fue un hecho aislado. Según reconstruyó el abogado querellante Adrián Gianini, a partir de febrero el imputado comenzó a enviar solicitudes de amistad y mensajes a través de la red social. "Las nenas tienen un grupito entre ellas, se fueron comentando y se empezaron a asustar hasta que llegó la información a los papás", relató el letrado.
La titularidad de la cuenta fue confirmada por la propia plataforma TikTok con un resultado que Gianini describió como "100% coincidente" con el perfil del imputado, al que ya se había vinculado esa cuenta desde el inicio de la investigación.
La acusación que abrió un nuevo frente
Lo que la nueva denuncia puso sobre la mesa fue más grave que la violación de la restricción. Al presentarse en marzo, la adolescente relató haber sufrido abuso sexual dentro del aula: tocamientos y un intento del que logró escapar. Pese a la gravedad del relato, la justicia imputó a Emanuel F. únicamente por desobediencia judicial, sin extender los cargos al abuso sexual denunciado.
Para Gianini, esa decisión no fue un error sino una omisión deliberada: "Un juez puede equivocarse, pero ocultar pruebas es insostenible. Acá hay una denegación de justicia para las nenas". La querella sostiene que evidencia del abuso sexual ya había ingresado al expediente antes de que se concediera la libertad en diciembre, y que no fue incorporada ni considerada en esa resolución.
"Las nenas entraron en pánico colectivo": el pedido de recusación del juez
Sobre esa base, la representación de las familias presentó un pedido formal de recusación del juez Gerardo Casco, actualmente en análisis por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Posadas. El planteo agrega un segundo frente institucional a un caso que ya acumula cuestionamientos sobre el manejo de la evidencia y la protección real de las víctimas.
Gianini advirtió además sobre el impacto del acoso en el proceso judicial: "Las nenas entraron en un pánico colectivo y en esas condiciones no pueden realizar las pericias psicológicas con tranquilidad". El contacto por TikTok, más que una infracción procesal, es calificado por la querella como una forma de amedrentamiento activo.
Por otro lado, el abogado reveló que una psicóloga que participó en una de las decenas de declaraciones tomadas en Cámara Gesell, recomendó a juez Casco, que investigue a todos los docentes de la Escuela 617. “En enero, entró una de las pericias psicológicas de Cámara Gesell donde la perito interviniente, le dice al juez con todas las letras, que debe investigar a todo el cuerpo docente que estuvo encubriendo estos delitos durante todos estos años”, destacó Gianini al referirse a los presuntos abusos y corrupción de menores que se habrían perpetrado desde hace años.
El Consejo de Educación, bajo la lupa
Mientras Emanuel F. gozaba de libertad, el Consejo General de Educación de Misiones (CGE) lo había reubicado en un área administrativa con supervisión de escuelas de frontera, entre ellas, la propia Escuela 617 donde ocurrieron los hechos denunciados. "Tiene acceso a información sensible de menores. Es una locura", denunció Gianini.
Según subrayó el abogado, "es aterrador de lo que está sucediendo ya que existe una prueba contundente en el expediente, no sólo de tomas de fotografías indebidas con fines de carácter sexual, sino también (…) de contacto físico, es decir, de abuso sexual dentro del aula, dentro de la escuela, por parte del imputado”.
La decisión institucional suma al caso una dimensión que excede lo judicial: cómo el sistema educativo gestiona –o no gestiona– a docentes imputados por delitos contra niños mientras sus causas siguen abiertas. La Cámara de Apelaciones tiene ahora en sus manos tanto el pedido de recusación como la revisión de un expediente en el que, según la querella, todavía falta una imputación.
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