En Paraná, Entre Ríos, un jurado popular declaró culpable a una pareja por la muerte de su beba de dos meses, Kathaleya Quetzaly, fallecida el 12 de octubre de 2021. El veredicto llegó luego de siete días de debate y puso punto final a la etapa más intensa del proceso: la que buscó responder, prueba por prueba, qué ocurrió puertas adentro de la casa donde la nena vivía y por qué llegó al hospital sin posibilidad de ser salvada.
La decisión del jurado distinguió la responsabilidad penal de cada imputado: Cristian Gabriel Hernández fue declarado autor penalmente responsable de homicidio agravado por el vínculo, mientras que Ariana Gisela González fue hallada culpable del mismo delito en circunstancias extraordinarias de atenuación. Hasta que se discuta y fije la pena, ambos continúan con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, según se informó al cierre del debate.
Para reconstruir el caso hay que volver a aquel mediodía de octubre de 2021. De acuerdo con lo ventilado en el expediente y recuperado en las crónicas judiciales, González llamó al 911 desde su domicilio en Paraná al advertir que su hija “no respiraba”. Un patrullero llegó rápidamente y trasladó a madre e hija; en el camino, uno de los policías intentó reanimar a la beba. En la guardia del Hospital Militar de Paraná, sin embargo, los médicos constataron que la nena ya había muerto.
Un caso de "violencia extrema"
Lo que transformó una muerte inicialmente rodeada de confusión en una investigación penal fue el resultado de las pericias. La acusación sostuvo —y el juicio exhibió— un cuadro compatible con agresiones reiteradas: se mencionaron 18 lesiones externas, múltiples lesiones internas, costillas fracturadas y hemorragias en la cabeza y en los ojos, entre otros signos que los investigadores consideraron incompatibles con un accidente doméstico. Para la fiscalía, ese patrón habló de un maltrato que no fue un episodio aislado, sino una secuencia.
En la etapa previa al debate oral, el expediente ya había sido presentado como un caso de violencia sostenida o extrema. En una audiencia, la fiscalía describió un período de agresiones que —según la imputación— se habría iniciado desde mediados de septiembre de 2021, cuando la beba tenía apenas semanas de vida (había nacido el 25 de junio de 2021). También se incorporaron fragmentos del informe de autopsia que detallaron fracturas y lesiones internas, y se explicó que la indefensión absoluta de la víctima era un elemento central para comprender la gravedad de lo ocurrido.
El juicio por jurados, realizado en Paraná, buscó ordenar ese rompecabezas con testimonios, documentación médica y pericias. Según se informó, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Valeria Vílchez y Evangelina Santana; la defensa de González quedó en manos de las defensoras oficiales Mariana Montefiori y Antonela Manfredi, y Hernández fue asistido por Fernando Callejo y Rodrigo Juárez. En ese marco, el debate no solo giró alrededor de los informes forenses: también expuso estrategias defensivas contrapuestas y una disputa de responsabilidades que atravesó toda la causa.
De hecho, el expediente quedó marcado por relatos cruzados. Por un lado, la defensa de Hernández planteó que él no tuvo participación en los hechos y que existía una división de roles en el cuidado cotidiano; por otro, la defensa de González sostuvo que ella habría sido víctima de un contexto de violencia y vulnerabilidad que la habría condicionado. Esos argumentos estuvieron presentes en la cobertura judicial del caso y formaron parte del material que el jurado debió ponderar antes de emitir su conclusión de culpabilidad.
Con el veredicto ya dictado, el proceso entra ahora en la fase que en Entre Ríos se conoce como audiencia de cesura, donde las partes exponen sus argumentos sobre la pena a imponer. La jueza técnica Carolina Castagno fue quien informó la fecha de esa instancia y dispuso que, hasta entonces, se mantenga la modalidad de arresto domiciliario para ambos condenados, a la espera de la resolución final sobre las condenas.
