En una sesión marcada por la tensión y los contrastes, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, otorgando al Gobierno federal un presupuesto sin precedentes de 10.6 billones de pesos. La votación, con 331 votos a favor y 118 en contra, reflejó la profunda división entre la mayoría de Morena y sus aliados y una oposición que puso el foco en el manejo del endeudamiento y el destino de los recursos públicos.
La magnitud de la cifra aprobada no pasó desapercibida. Mientras la mayoría legislativa defendió la fortaleza de la recaudación y la eficiencia fiscal, los partidos de oposición advirtieron sobre el costo de la deuda y el impacto en servicios esenciales como salud, educación e infraestructura. El debate fue más allá de los números: puso en el centro la pregunta sobre cómo y para quién se planea el futuro económico del país.
Un presupuesto récord y una deuda bajo la lupa
El proyecto aprobado estima ingresos totales por 10.6 billones de pesos, de los cuales alrededor de 6.26 billones provendrán de impuestos. Para fortalecer las arcas públicas, la Ley contempla autorizar hasta 1.7 billones de pesos de endeudamiento neto interno y 13,500 millones de dólares de endeudamiento externo, cifras que, aunque menores al techo autorizado para 2026, no garantizan una reducción del saldo total de la deuda.
Las previsiones económicas incluidas en el dictamen proyectan un crecimiento del PIB de entre 1.5% y 2.5%, una inflación de 3% y un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar. El precio del petróleo, otro factor clave, se estima en 61 dólares por barril.
Sin embargo, la oposición alertó sobre el creciente peso de la deuda en el presupuesto: se prevé que alrededor de 1.6 billones de pesos se destinen al pago de intereses, comisiones y otros gastos financieros, lo que equivale a casi el 4% del PIB. En contraste, la inversión física presupuestaria representaría solo 2.6 puntos porcentuales. Es decir, por cada 100 pesos destinados a inversión, se gastarían 150 en el costo financiero de la deuda.
Las voces del debate: entre la responsabilidad y la preocupación
Durante la discusión, las posturas fueron claras. Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano coincidieron en que el endeudamiento debería estar vinculado a proyectos productivos y transparentes, y cuestionaron que el costo de la deuda reduzca el margen para atender necesidades sociales urgentes. “La deuda puede ser una herramienta para financiar inversiones, pero su costo no debe limitar la atención a salud, educación y obra pública”, expresó Jericó Abramo Masso, del PRI.
Desde Morena y sus aliados, la defensa fue contundente: el dictamen, aseguraron, busca fortalecer los ingresos públicos sin aumentar las tasas generales de impuestos, mediante una mejor recaudación y el combate a la evasión fiscal. El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, reconoció que los recursos previstos no serán suficientes para cubrir todas las necesidades, pero rechazó que el endeudamiento propuesto sea irresponsable.
El debate no fue ajeno al contexto social. Coincidió con movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes exigieron mejores condiciones laborales y mayor inversión en salud. El presidente de la mesa directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, recordó que las demandas sectoriales deberán discutirse en la próxima etapa, durante la aprobación del Presupuesto de Egresos.
Cambios en el régimen fiscal y modernización de registros
Entre los cambios más relevantes, la reforma al Impuesto Sobre la Renta (ISR) eleva de 3.5 a 5 millones de pesos anuales el límite de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), facilitando el cumplimiento fiscal a más contribuyentes. También se incorporan controles sobre deducciones y pérdidas fiscales para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos, con el objetivo de reforzar la transparencia y combatir prácticas evasivas.
En paralelo, el Senado aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que busca homologar y modernizar los registros públicos de propiedad en todo el país. Aunque la reforma fue defendida como un avance en certeza jurídica y combate a la corrupción, la oposición alertó sobre riesgos de centralismo, concentración de datos y posibles aumentos en el impuesto predial, especialmente para las familias y municipios con menos recursos.
Lo que sigue: el reto de asignar el gasto
La Ley de Ingresos establece las fuentes y límites de financiamiento del Estado, pero será el Presupuesto de Egresos el que defina cómo y en qué se gastarán los recursos. El proyecto aprobado por Diputados ahora pasa al Senado, donde continuará el proceso legislativo. En las próximas semanas, el debate se trasladará a la distribución del gasto, un terreno donde las necesidades sociales, la inversión y la responsabilidad financiera volverán a estar en el centro de la discusión nacional.
