En el corazón de la Asamblea General de la ONU, un tema tan doloroso como urgente volvió a ocupar el centro de la escena: la búsqueda de personas desaparecidas en México. Allí, entre gestos de reconocimiento y posturas firmes, se tejió un diálogo que revela tanto los avances como las profundas tensiones que persisten en torno a una de las crisis humanitarias más complejas del país.
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, presidido por Juan Pablo Albán, reconoció públicamente los progresos de México en la localización de personas desaparecidas. Destacó la cifra de más de 16 mil personas localizadas en el último año, la mayoría con vida, y valoró el trabajo conjunto con organismos internacionales y países como España, Alemania, Noruega, Canadá, Guatemala y los Países Bajos. “Felicitamos estos avances, esperamos que estos procesos de cooperación se mantengan a través del tiempo”, expresó Albán, quien subrayó la importancia de sostener los mecanismos de cooperación internacional y el monitoreo constante de la situación.
Un compromiso nacional y una herida abierta
Desde el gobierno mexicano, la respuesta fue contundente. Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, reiteró ante la ONU el compromiso del Estado con la búsqueda de desaparecidos y el combate a la impunidad. “La búsqueda de personas desaparecidas no se detiene. Reconocemos el dolor de las madres y familias buscadoras. Atender este delito es una prioridad nacional”, afirmó Medina Padilla, quien destacó la coordinación entre autoridades federales y estatales, así como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana.
El funcionario hizo hincapié en la operación permanente de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, y en la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Además, subrayó la colaboración activa con organismos como el Fondo de Población de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El punto de fricción: interpretación y desafíos
A pesar de los reconocimientos, la sesión estuvo marcada por una diferencia central: la interpretación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. México rechazó la visión del Comité de la ONU sobre el alcance de este artículo, que permite al organismo intervenir ante indicios de una práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas. “México rechaza la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación del artículo 34”, sostuvo Medina Padilla, respaldado por la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien reiteró en redes sociales que el Estado mexicano “no consiente ni tolera” este delito.
El gobierno mexicano también marcó distancia respecto a la caracterización de la crisis: si bien reconoció que en el pasado la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas del poder político, actualmente atribuye la mayoría de los casos a grupos delictivos y, en menor medida, a autoridades municipales. “En todos los casos, se debe investigar y sancionar”, insistió Medina Padilla.
Voces críticas y el papel de las familias
Sin embargo, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtieron que persisten problemas estructurales de impunidad y colusión, y cuestionaron que el Estado mexicano mantenga una postura defensiva ante la magnitud de la crisis. El Centro Prodh subrayó que la cooperación internacional debe garantizar independencia, transparencia y la participación de las víctimas, y lamentó el retiro de familiares de personas desaparecidas que mostraron fotografías de sus seres queridos durante la sesión de la ONU.
Para estas organizaciones, las familias buscadoras han sido fundamentales para impulsar acciones de búsqueda y exigir respuestas, y su participación resulta imprescindible en cualquier mecanismo internacional destinado a atender las desapariciones.
Entre avances y retos pendientes
El reconocimiento de la ONU a los avances de México en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas marca un hito en la cooperación internacional, pero también deja en evidencia los desafíos que persisten. El Comité continuará monitoreando la situación y promoviendo el diálogo, mientras la sociedad civil insiste en la necesidad de reconocer y enfrentar los problemas estructurales que alimentan la crisis.
En un país donde la ausencia se mide en fotografías, nombres y abrazos pendientes, la búsqueda de desaparecidos sigue siendo una herida abierta, pero también un espacio de esperanza y resistencia. El reto, ahora, es transformar los avances en soluciones duraderas y garantizar que ninguna familia tenga que buscar sola a sus seres queridos.
