En un ambiente marcado por la velocidad legislativa y el debate sobre la identidad nacional, el Senado mexicano ha iniciado la discusión de una reforma constitucional que podría transformar el acceso a los cargos más altos del país. La propuesta, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, busca impedir que quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura estatal o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan o adquieran una segunda nacionalidad.
El dictamen, recibido en el Senado la noche del martes y turnado de inmediato a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera, plantea una modificación profunda a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo: exigir que los candidatos a estos cargos sean ciudadanos mexicanos por nacimiento y "no tengan ni adquieran otra nacionalidad".
Una reforma que divide opiniones
La reforma no solo ha avanzado en tiempo récord, sino que ya genera posiciones encontradas dentro y fuera del Congreso. Para sus impulsores, entre ellos la presidenta Claudia Sheinbaum y la bancada de Morena, la medida busca garantizar la lealtad absoluta de quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y estatales, evitando posibles conflictos de interés o lealtades divididas.
Sin embargo, voces críticas como la del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, advierten sobre el impacto que tendría en miles de mexicanos que residen en el extranjero, en particular en Estados Unidos. Colosio Riojas subrayó que muchos de ellos nunca han ejercido derechos políticos en otro país y, sin embargo, "su nacionalidad de origen las hace sospechosas de deslealtad", calificando la iniciativa como "lo más antimexicano del mundo".
¿Qué cambiaría si se aprueba la reforma?
De avanzar y ser promulgada, la reforma obligaría a que cualquier persona con doble nacionalidad que aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno renuncie formalmente a su ciudadanía extranjera antes de registrarse como candidato. Además, durante el ejercicio del cargo, estaría prohibido adquirir o solicitar otra nacionalidad, así como invocar ante autoridades extranjeras una ciudadanía distinta de la mexicana.
La iniciativa también detalla conductas específicas que estarían prohibidas, como el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otros países, el ejercicio de derechos políticos derivados de otra ciudadanía y el acogimiento a la protección diplomática de otra nación. La contravención de estas disposiciones sería sancionada conforme al Título Cuarto de la Constitución.
Un plazo para ajustar leyes y nuevas preguntas
El proyecto contempla un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral. Esto abre un periodo de ajustes legales y, posiblemente, nuevos debates sobre cómo se implementarán las restricciones.
La discusión en comisiones es solo el primer paso en el Senado. Si la reforma avanza, México se sumaría a los países que exigen exclusividad de nacionalidad para sus más altos cargos, una decisión que, más allá de la letra constitucional, interpela a la sociedad sobre el significado de la identidad y la pertenencia en un país con millones de connacionales en el extranjero.
Identidad, pertenencia y futuro político
La reforma sobre la doble nacionalidad pone en el centro del debate la pregunta sobre quiénes pueden y deben representar a México. Mientras algunos defienden la exclusividad como garantía de lealtad, otros recuerdan que la historia y la cultura mexicana están marcadas por la migración y la diversidad. El desenlace de esta discusión no solo definirá las reglas para las próximas elecciones, sino también el sentido de pertenencia y representación de millones de mexicanos dentro y fuera del país.
