La puerta del Penal del Altiplano se abrió este 26 de septiembre para Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien tras más de dos meses de reclusión fue trasladado bajo estricta vigilancia a su domicilio en Ensenada. Allí, y bajo custodia de la Guardia Nacional, continuará su proceso legal por presuntos delitos de huachicol fiscal, en una decisión que ha generado reacciones en el ámbito político y familiar.
La resolución del juez federal Mario Elizondo Martínez, que concedió la prisión domiciliaria, fue celebrada por figuras como el expresidente Felipe Calderón, quien calificó de “desproporcionada e injusta” la permanencia de Ruffo en un penal de alta seguridad. “Celebro la resolución del juez que conmuta a prisión domiciliaria a Ernesto. Su permanencia en Penal de Alta Seguridad era totalmente desproporcionada e injusta (...) Bien por Ernesto y por su hija Verónica”, expresó Calderón en sus redes sociales, sumándose a los mensajes de alivio y respaldo que circularon tras conocerse la noticia.
Un proceso marcado por la salud y la edad
La defensa de Ruffo, de 74 años, presentó ante el juez diversos elementos que influyeron en el cambio de medida cautelar, destacando su edad y las complicaciones de salud que enfrentó durante su estancia en prisión. Según su hija Verónica, el exgobernador perdió seis kilos de masa corporal y un diente mientras estuvo privado de la libertad, situación que reforzó la petición de que pudiera continuar el proceso en su hogar, donde podrá recibir atención médica estable.
El traslado de Ruffo estuvo a cargo de dos camionetas de la Guardia Nacional, que además se encargarán de su custodia permanente en Ensenada. Como parte de las condiciones impuestas, Ruffo Appel tiene prohibido salir del país y su domicilio será vigilado por las autoridades federales.
Las acusaciones y el trasfondo político
Ernesto Ruffo enfrenta acusaciones por su presunta participación en una red de contrabando fiscal de combustible, conocida como huachicol fiscal, a través de la empresa Ingemar. De acuerdo con las investigaciones, se le señala por supuestamente haber diseñado un esquema de simulación fiscal en aduanas y coordinado a operadores para evadir impuestos y vender combustible no declarado proveniente de Estados Unidos.
El caso ha estado rodeado de posturas encontradas. Mientras que familiares, amigos y algunos funcionarios panistas han calificado la situación como un caso de persecución política, el gobierno federal y las autoridades judiciales han mantenido firme la acusación sobre los presuntos delitos cometidos. El debate público se ha intensificado con la decisión judicial, que muchos ven como un acto de justicia ante la situación personal de Ruffo, mientras otros insisten en la gravedad de las imputaciones.
Una nueva etapa bajo vigilancia
La historia de Ernesto Ruffo, el primer gobernador panista de Baja California y figura relevante en la política nacional, suma ahora un capítulo inesperado. Su regreso a Ensenada, aunque restringido y bajo estricta supervisión, representa para su entorno familiar y político un respiro y la esperanza de enfrentar el proceso en condiciones más humanas.
En los próximos días, Ruffo permanecerá en su domicilio, a la espera de la evolución de su caso, bajo la mirada atenta de la justicia y de la opinión pública. Su situación, marcada por la tensión entre las acusaciones judiciales y el respaldo político y familiar, seguirá siendo tema de conversación y análisis en el escenario nacional.
