A un mes del tiroteo en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, la Justicia resolvió que el adolescente de 15 años acusado de matar a un compañero podrá retomar la escolaridad, aunque no volverá al mismo establecimiento donde ocurrió el ataque.
La decisión, que también alcanza a otro menor investigado por presunto encubrimiento, se explica por un punto central del caso: por su edad, el joven no puede ser juzgado penalmente bajo el régimen actual argentino y, por lo tanto, su situación quedó bajo la órbita del sistema de protección integral de niñez y no de la Justicia penal tradicional.
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Ese es el motivo principal por el que podrá volver a clases. En la Argentina, los menores de 16 años son inimputables: esto significa que no pueden recibir una condena penal, aun cuando estén acusados de un delito grave. En este caso, el atacante tenía 15 años al momento del hecho, por lo que la causa no puede avanzar hacia un juicio oral ni una pena de prisión. En cambio, la intervención judicial pasa por otro carril: seguimiento interdisciplinario, evaluación psicológica, control estatal y medidas de resguardo orientadas a la reinserción.
La resolución judicial no implica una vuelta a la normalidad ni un regreso libre a cualquier aula. Lo que se habilitó es la continuidad pedagógica en otro ámbito, con acompañamiento profesional y fuera de la escuela donde ocurrió el crimen. El adolescente no regresará a la Escuela N°40, sino que será reinsertado en otro circuito educativo, bajo supervisión. La medida apunta a no interrumpir su derecho a la educación, aun dentro del esquema de intervención estatal que se abrió tras el ataque.
El otro eje que explica la decisión es que, para la legislación vigente, el caso no debe resolverse únicamente desde una lógica punitiva. Al no ser punible, el expediente quedó en manos de equipos técnicos que deben definir cómo intervenir sobre el adolescente desde el sistema de niñez: informes psicológicos, contención, evaluación de su entorno y seguimiento institucional. La Justicia no discute si debe seguir estudiando, sino bajo qué condiciones puede hacerlo.
Qué va a pasar con el otro adolescente acusado
Distinta es la situación del segundo adolescente investigado en la causa, señalado como presunto cómplice o encubridor. Como tiene 16 años, su cuadro judicial es más complejo: sí puede quedar alcanzado por el régimen penal juvenil y su situación procesal es distinta a la del autor material del ataque. Esa diferencia etaria es la que hoy marca el contraste entre ambos expedientes.
El caso reabrió además un debate que excede a Santa Fe: qué hace el Estado con un menor que comete un crimen grave, pero que por edad no puede ser condenado. En lo inmediato, la respuesta judicial fue sostener dos principios en simultáneo: que no habrá juicio penal para el agresor y que tampoco se le puede quitar el derecho a seguir escolarizado. Por eso podrá volver a clases, aunque en otro ámbito, bajo otra modalidad y con seguimiento permanente.
