Desde el momento en que el juez Javier Sánchez Sarmiento firmó el procesamiento, la defensa de Delfina "Fini" Lanusse tenía una respuesta lista. Días después, se plasmó en un escrito que fue presentado ante la Cámara y al que accedieron varios medios: un recurso de apelación que, punto por punto, intenta desmantelar cada uno de los fundamentos que llevaron a la justicia procesar a la residente de Anestesiología del Hospital Italiano por el delito de administración fraudulenta.
La causa, que investiga la presunta sustracción de ampollas de propofol y fentanilo del centro médico para su uso en encuentros clandestinos conocidos en el ambiente como "Propofest", tiene dos ejes que corren en paralelo: el de la administración fraudulenta de insumos hospitalarios, donde Lanusse fue procesada junto al anestesiólogo Hernán Boveri, y el que busca esclarecer las circunstancias de la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, hallado sin vida el 20 de febrero pasado en su departamento de Palermo con una sobredosis de propofol y fentanilo.
La estrategia: un expediente "armado en base a rumores"
El argumento central de la defensa es tan simple como categórico: no existe un solo testigo que haya visto a Delfina Lanusse sustraer medicación. Ninguno. Los abogados de "Fini" sostienen en el recurso que toda la acusación se apoya en testimonios "de oídas" y "apreciaciones subjetivas" que no ofrecen lo mínimo indispensable para sostener un procesamiento: una reconstrucción fáctica concreta de tiempo, modo y lugar.
Los investigadores "no pudieron individualizar el hecho puntual por el cual se la acusa", sostiene la defensa, que califica el expediente como armado "en base a rumores".
Los testigos que declararon contra Lanusse, según el escrito, se dividen en categorías que la defensa cuestiona una a una. Hay jóvenes que declararon "por lo que otros les contaron, incluso personas ajenas al hospital" y que "reconocieron que las médicas residentes trabajan siempre bajo supervisión". Otros apenas expresaron "sospechas" sobre el estado anímico de Lanusse, pero aclararon que jamás la vieron consumir sustancias ni detectaron faltantes.
Y está el testimonio de Chantal "Tati" Leclercq, la amiga que en la causa figura como testigo clave, cuya declaración la defensa acota a "situaciones privadas alejadas del ambiente hospitalario".
Los testigos tampoco aportaron constancias directas, señalan, sino versiones que escucharon de otros. Para los abogados de Lanusse, el cuadro es claro: no hay un solo dato de primera mano que conecte a su defendida con la extracción de insumos del quirófano.
El argumento más contundente: el hospital dijo que no faltó nada
El segundo pilar de la apelación es, paradójicamente, el que debería haber sido el primer obstáculo para la imputación. El Hospital Italiano informó que "no se detectaron faltantes de medicación en los años investigados" y que el control interno es capaz de registrar hasta la pérdida de una jeringa. El propio arqueo realizado arrojó resultado sin diferencias.
Para la defensa, esto hace "incompatible" la hipótesis de una sustracción sostenida en el tiempo. Si los sistemas del hospital, que según la institución son lo suficientemente precisos como para registrar la pérdida de una sola jeringa, no arrojaron diferencias, ¿sobre qué base material se sostiene el procesamiento?
Boveri, en su propio descargo, también atacó la denuncia del Hospital Italiano con el mismo argumento: "no se verificó el faltante" de los medicamentos que el propio centro médico asegura que le robaron. "No faltó propofol", dijo el anestesiólogo. Y agregó: "No hay delito".
La apelación al embargo: 323% por encima de cualquier cálculo razonable
El tercer frente del recurso es el más concreto en términos económicos. La defensa considera que el embargo de $30.929.520 "no tiene correlato" con los hechos ni con los rubros supuestamente afectados. Dicen que el propio juzgado reconoce que no pudo cuantificar el daño patrimonial, y que el monto es un 323% superior a los valores de insumos presuntamente involucrados, según las constancias presentadas.
La lógica del argumento es que si el juez reconoce que no puede cuantificar el daño, el embargo resulta un número sin sustento. Los abogados concluyeron su presentación exigiendo la revocación total del procesamiento, el dictado de falta de mérito y la producción de las pruebas pendientes. Además, piden la reducción del embargo a un valor acorde con la información aportada por el propio hospital.
Las pruebas que el juez no permitió producir
Un cuarto agravio apunta directamente al magistrado. La apelación reclama que el juez no permitió ni fundamentó el rechazo de pedidos clave de la joven médica, como la citación de médicos y psicólogos que, de acuerdo a la defensa, podrían haber demostrado la inexistencia de consumo problemático de sustancias y "la imposibilidad material de las conductas que se le atribuyen a Lanusse".
El punto es delicado porque toca directamente el derecho de defensa. Para los abogados de, si hay testigos o profesionales que podrían refutar la hipótesis de consumo habitual, para el debido proceso lo ideal debería ser citarlos.
"Me ensució una examiga con problemas psiquiátricos"
El quinto eje de la defensa es el más personal y el más arriesgado: responsabilizar a quien la expuso. "Nunca robé nada. Soy intachable. Me ensució una ex amiga que está mal psiquiátricamente", dijo Lanusse en su indagatoria ante el juez Sánchez Sarmiento.
La referencia apunta a la testigo identificada públicamente como "Mechi S.", descripta como una ex amiga y colega que declaró haber encontrado a Lanusse en estados compatibles con el consumo de anestésicos y que atribuyó a Boveri el suministro de esas drogas. "Fini" no negó en ningún momento que hubiera consumido drogas de quirófano o que tuviera algún vínculo con Boveri, y destacó que "criminalizan una situación personal".
La frase "criminalizan una situación personal" es la línea más transparente de toda su estrategia: Lanusse intenta disociar lo que define como conducta privada –el consumo– del delito que se le imputa, que es el robo institucional para sostener ese consumo. Son dos cosas distintas, parece sostener. O al menos eso argumenta.
La coartada para el día del cuerpo de Zalazar
En la causa paralela por la muerte de Zalazar, Lanusse tiene un problema adicional. La investigación de la Policía de la Ciudad sostiene que "Fini" Lanusse estuvo en ese departamento poco después de encontrado el cuerpo y se llevó una tablet que aún no fue encontrada.
Ante eso, la defensa presentó lo que sería una coartada: ese 20 de febrero Lanusse no estuvo en ese departamento ni se llevó nada ya que ese día "estaba declarando en la Asociación de Anestesistas". Si la coartada se sostiene con documentación, el vínculo entre Lanusse y la escena del departamento de Palermo se complica para los investigadores.
La declaración en la Asociación: ¿confesión usada ilegalmente?
El episodio de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) es uno de los más espinosos de toda la causa. Tanto Boveri como Lanusse declararon ante la institución en el marco de lo que, según ellos, se presentó como un espacio de asistencia por consumo problemático.
Boveri consideró que cuando se reunieron con los responsables de la institución lo hicieron "bajo la apariencia" de que iban a ayudarlos, y cuestionó que desde la Asociación no respetaron la confidencialidad y usaron sus declaraciones "de manera ilegítima" para "usarlas en contra".
El anestesista de 50 años sostuvo que "no existe grabación ni registro" de lo que ocurrió en esas reuniones y que su uso en el expediente se trataría de una "violación al secreto profesional". Si prospera ese planteo, parte del material probatorio en manos del juez podría quedar comprometido.
Cómo sigue el caso de robo de anestésicos
La próxima instancia definitoria está fijada para el 10 de mayo, cuando se analice los planteos de Lanusse y Boveri. Allí se resolverá si el procesamiento se mantiene en pie o si, como pretende la defensa, se revoca por falta de pruebas y se ordena profundizar la investigación antes de avanzar.
La estrategia de la residente es clara: desarmar la conexión entre las dos causas, cuestionar cada evidencia en su contra y demostrar que la imputación descansa sobre un andamiaje sin evidencia. Más allá de si la Cámara acepta o no los argumentos de la defensa de Fini, lo que no tiene vuelta atrás, mientras tanto, es su desvinculación del Hospital Italiano, donde cursaba la residencia que quedó trunca independientemente de lo que resuelvan los tribunales.
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