La conmoción por la muerte de Ángel López, el pequeño de 4 años cuyo fallecimiento sigue bajo la lupa de la Justicia en Comodoro Rivadavia, sumó el pasado fin de semana un nuevo capítulo de máxima tensión.
Lo que comenzó como un pedido de justicia frente a las instituciones estatales terminó con el padre del menor, Luis Armando López, y su pareja, Lorena Natalia Andrade, demorados e imputados por la Policía de Chubut.
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El escenario del conflicto fue el edificio de la Oficina de Protección de Derechos del Niño, ubicado en la intersección de las calles Dorrego y Alem.
Según trascendió, la intervención policial se produjo tras el llamado de un empleado de seguridad que alertó sobre la presencia de personas vandalizando la fachada del organismo dependiente de la Municipalidad.
Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a López y Andrade utilizando aerosoles y pinceles para realizar pintadas sobre las paredes y vidrios del inmueble.
Los mensajes, escritos con pintura negra, fueron lapidarios y apuntaron directamente contra el corazón del sistema que debía velar por la integridad de Ángel.
Entre las frases que quedaron marcadas en el frente del edificio se leía la palabra “Asesinas”, además de acusaciones frontales contra profesionales y funcionarios vinculados al área de niñez.
Por este hecho, ambos quedaron imputados por una presunta infracción al artículo 112 del Código de Convivencia Ciudadana.
Aunque no se dictó una detención formal, tanto López como Andrade fueron notificados de la causa contravencional en su contra. Lejos de retractarse, la madrastra de Ángel utilizó sus redes sociales para lanzar un descargo cargado de bronca y dolor que rápidamente se volvió viral.
“Somos los dos padres de Ángel asesinado y los entregadores están acá en este edificio”, escribió Andrade en una publicación donde además sostuvo que su hijo sufrió “hambre, golpes, abandono y llantos” mientras estuvo alejado de su familia de crianza.
La mujer, que cuidó a Ángel durante años antes de que la Justicia de Familia ordenara la restitución a la madre biológica en noviembre pasado, justificó su accionar comparando el daño material con la pérdida irreparable del niño: “Esto es una pared, nuestro hijo era un ser humano de tan solo 4 añitos”.
Sus críticas apuntaron directamente contra una psicóloga, una asistente social y diversos funcionarios judiciales a quienes responsabiliza por irregularidades en los informes previos al desenlace fatal.
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Para entender la furia de esta familia, hay que recordar el calvario que vivió Ángel antes de morir aquel domingo de Pascua.
La autopsia preliminar reveló un escenario de terror: el nene presentaba más de 20 golpes en la cabeza y lesiones internas compatibles con el "síndrome del sacudón".
Según la fiscalía, estas heridas fueron ocasionadas "voluntariamente" y databan de al menos diez días previos al fallecimiento.
Por el crimen, se encuentran bajo prisión preventiva la madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González. A ella se le atribuye una responsabilidad por omisión frente al maltrato sostenido, mientras que González es señalado como el presunto autor de los golpes.
Mientras la Corte Suprema de Chubut mantiene intervenido al equipo interdisciplinario que otorgó la tenencia, el edificio de Niñez amaneció este lunes con personal municipal realizando tareas de limpieza para borrar los rastros de una protesta que desnudó, una vez más, el dolor de un padre que siente que la Justicia llegó demasiado tarde.
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