La imagen de un nene de cuatro años, repetida una y otra vez en paredes, postes y vidrieras del centro, cambió el pulso de Comodoro Rivadavia este viernes. No fue una campaña oficial ni una convocatoria partidaria: fue una decisión familiar. A casi un mes de la muerte de Ángel López, sus allegados resolvieron empapelar la ciudad con afiches para sostener un pedido que, aseguran, no pueden soltar: justicia. El objetivo, dicen, es que el caso no se apague con el paso de los días, que no se “enfríe” y que el nombre del chico no se pierda en el ruido de la agenda diaria.
La intervención urbana tuvo un rostro visible: Lara Millán, integrante del entorno familiar, compartió en redes sociales imágenes de la jornada y un texto que funcionó como manifiesto. “Hoy pegamos carteles por todo el centro de Comodoro para pedir justicia por Ángel, para que su nombre no quede en el olvido y para que no haya más injusticias”, escribió. Y sumó una frase que, en pocas palabras, explica por qué eligieron la calle como escenario: “Lo hacemos con el corazón en la mano, con dolor y con amor, porque duele su ausencia y duele el silencio”.
Los afiches no se limitaron a la cara del nene. En un giro que vuelve más áspero el reclamo, la familia decidió incluir también los rostros de Mariela Altamirano (madre biológica) y Michel González (padrastro), señalados por la investigación como los principales sospechosos y detenidos con prisión preventiva. El mensaje, en ese punto, se vuelve doble: un pedido de castigo para quienes están imputados y, al mismo tiempo, una forma de sostener la presión social para que el proceso avance. “Que no quede en el olvido” es, en la práctica, una consigna contra el tiempo.
Pero el reclamo no termina en los imputados. La campaña callejera también incorporó imágenes de funcionarios y profesionales vinculados a la decisión de revinculación del niño con su madre biológica, una determinación que ya venía siendo cuestionada por el entorno paterno. La familia no solo exige condena para los acusados: plantea que existió una cadena de decisiones y omisiones que, a su entender, debe ser revisada.
El caso se investiga desde el 5 de abril, cuando Ángel ingresó en grave estado al Hospital Regional. En un primer momento, se comunicó que el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio, pero con el correr de los días la causa cambió de temperatura. La autopsia preliminar mencionada en la cobertura judicial y periodística habló de múltiples golpes en la cabeza y se trataría de al menos 20 impactos, un dato que orientó la pesquisa hacia la hipótesis de un homicidio y derivó en las detenciones.
En esa línea, la situación procesal de los adultos investigados quedó fijada con una medida clave: prisión preventiva por seis meses, mientras se realizan pericias y se reconstruyen las horas previas a la muerte del chico. Durante una audiencia, el juez sostuvo que los golpes no serían compatibles con un accidente y remarcó el rol de quienes estaban a cargo del cuidado del menor, además de aludir a una presunta omisión de auxilio. Esa dimensión judicial es la que la familia intenta mantener en primer plano con su nueva decisión: que el expediente no quede reducido a un número y que la investigación avance con celeridad.
El impacto social del caso trascendió el dolor íntimo. En Chubut, y en Comodoro en particular, la discusión se expandió hacia el funcionamiento de los organismos y equipos técnicos que intervienen en causas de familia. En ese contexto, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut dispuso la intervención y auditoría del Equipo Interdisciplinario local por un plazo determinado, medida que reavivó el debate sobre responsabilidades institucionales y controles. Para la familia, los afiches son también eso: una forma de señalar que el drama no empezó el día de la muerte, sino antes, en un recorrido que hoy piden revisar.
