En El Cruce, una zona rural del departamento Figueroa a unos 90 kilómetros de la capital santiagueña, un operativo judicial y policial derivó en el rescate de 9 hermanos que, según la investigación, vivían en condiciones extremas de vulnerabilidad y habrían sido víctimas de abusos, violencia y abandono dentro de su propio entorno familiar.
Los allanamientos fueron ordenados por la Justicia y estuvieron a cargo de las fiscales Jésica Lucas y Vanina Aguilera, con intervención de áreas de Trata y organismos de niñez.
En ese escenario —de caminos de tierra, casas separadas por distancias largas y una lógica comunitaria donde “todos se conocen”— se escuchó la frase que hoy circula como síntesis brutal del clima social: “Si hacen un ADN no queda nadie libre”.
La expresión se le atribuye a un vecino en un informe televisivo realizado desde la zona, en el que también se recogieron testimonios de familiares y se describieron las condiciones en las que vivían las víctimas. Más que una sentencia literal, funciona como señal de miedo, de lazos familiares superpuestos y de un secreto que era “comentado” pero no se denunciaba.
Lo que reveló el operativo —de acuerdo con reconstrucciones de las últimas horas— dejó a los investigadores “en shock”. En la vivienda del barrio Las Lomas, los funcionarios encontraron a personas con discapacidad en condiciones precarias y a una de ellas atada a una cama. También trascendió que dos menores pesaban alrededor de 30 kilos, dato que se repite como indicador del nivel de abandono.
La causa investiga delitos gravísimos: entre ellos, abuso sexual (con agravantes), lesiones y abandono de persona, todo en perjuicio de múltiples víctimas menores y personas en situación de discapacidad.
La investigación se activó a partir de una denuncia presentada en abril por organizaciones civiles —entre ellas, Caring For Children y Madres Víctimas de Trata— y derivó en allanamientos simultáneos y detenciones. Aquí aparece otra postal del caso: la grieta entre lo que “se decía” y lo que efectivamente se denunció. En distintas ocasiones, vecinos describieron el lugar como “la casa de los primos”, o hablaron de una “familia rara”, como si el horror hubiera quedado encapsulado en un apodo que permitía nombrarlo sin enfrentarlo.
Cómo es la casa donde rescataron a los 9 hermanos
El informe televisivo de Canal 7 realizado desde El Cruce añadió detalles que ayudan a entender por qué la frase sobre el ADN pegó tan fuerte. Se habló de una familia que vivía hacinada —incluso se mencionó una habitación de 4x4 con alrededor de 13 personas— y de un contexto atravesado por pobreza, abandono y falta de asistencia sostenida.
Entre quiénes están detenidos habría un hombre identificado como René Cáceres, un yerno suyo de apellido Maturana y la esposa de Cáceres, trasladada a la capital provincial.
En paralelo, se informó el secuestro de dispositivos electrónicos y otros elementos para peritajes, una línea que en causas de abuso intrafamiliar suele ser determinante para establecer si hubo registros, comunicaciones o participación de terceros.
En ese contexto, los testimonios de vecinos no solo se escucha como provocación: sugiere algo más profundo y perturbador sobre la vida en territorios donde el parentesco puede volverse laberinto. No porque una comunidad entera sea culpable —eso lo determinará la Justicia— sino porque, cuando el entramado social es pequeño y cerrado, denunciar puede equivaler a enfrentarse con tu propio árbol genealógico, con tu vecino de toda la vida o con vínculos de dependencia cotidiana. Y ahí aparece el otro gran tema del caso: el pacto de silencio. No el de una sola casa, sino el de un entorno que, según varias coberturas, sabía “algo” y lo dejaba pasar.
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