Vladímir Putin podrá ser detenido y enviado a La Haya por ser “presunto responsable” de crímenes de guerra. La orden de detención fue emitida este viernes por la Corte Penal Internacional (CPI). El presidente ruso es acusado por la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado a Rusia, pero también pesan sobre él otras acusaciones.
En Irpín y Bucha, dos ciudades cercanas a Kiev, los militares rusos fueron acusados por los sobrevivientes de haber cometido violaciones, torturas y fusilamientos. Otras denuncias por los mismos motivos llegan desde los territorios que se encuentran tomados por las tropas rusas.
El tratado fundacional de la CPI se basa en el Estatuto de Roma, donde se indican los alcances de los crímenes de guerra. Rusia no ha ratificado ese Estatuto, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la invasión rusa.
Es la tercera vez que el organismo judicial internacional pide una orden de arresto contra un mandatario en funciones. Los dos anteriores son el sudanés Omar al-Bashir y el libio Muamar Gadafi.
La reacción obvia de Rusia
Como era de esperar, el Kremlin calificó la medida de carente de sentido. “Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, tampoco desde el punto de vista jurídico. Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo”, dijo en su canal de Telegram la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Rusia considera “indignantes e inaceptables” las mismas cuestiones planteadas por la CPI, y que cualquier decisión del tribunal es “nula y sin valor” con respecto a Rusia.
Desde que comenzaron las acusaciones que Moscú viene desmintiendo las reiteradas acusaciones contra sus fuerzas por violaciones a los derechos humanos. Sobre el traslado de niños y niñas ucranianos a “centros de reeducación” argumentan que en realidad se trata de una campaña humanitaria para protegerlos y sacar a los huérfanos de la zona de guerra.
Las órdenes de detención
“Vladímir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia”, dice la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.
Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señaló la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.
La responsabilidad individual de Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros”, o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva”, según se explica en el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.
La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación. La considera con “responsabilidad penal individual” por el mismo tipo de crimen de guerra tras “haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros” desde el 24 de febrero del año pasado, fecha en la que comenzó la invasión rusa de Ucrania.
Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania. El fiscal de la Corte, Karim Khan, solicitó al tribunal autorización para emitir estas dos órdenes de detención el pasado 22 de febrero, según comunicó la CPI.
La Corte también detalla que estas órdenes son generalmente secretas para proteger a las víctimas, los testigos y la investigación en curso sobre Ucrania, pero aceptó hacer públicos los nombres de los sospechosos porque “la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa” y hacer pública esta información podría contribuir a la prevención de nuevos delitos.
Las autoridades ucranianas celebraron la medida. “Gira la rueda de la justicia”, afirmó el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, en Twitter.
La fiscalía ucraniana ensalzó una “decisión histórica” y otro responsable de la presidencia ucraniana, Mijail Podoliak, señaló que con esta decisión “el mundo cambió”. “Es el inicio del fin de la Rusia actual en la escena internacional”, afirmó en Twitter.
