Durante meses, una mujer entró y salió de hospitales públicos del interior chaqueño como si fuera una profesional más. Guardapolvo, guardias, recetas, diagnósticos. Hasta firmas en documentación sensible. El nombre que hoy ocupa a la Justicia es el de Lidia Mabel Ojeda, de 43 años, señalada por haberse hecho pasar por médica sin contar con título habilitante ni matrícula, y por haber trabajado —según la investigación— con documentación apócrifa en distintos centros de salud.
La historia estalló esta semana cuando el Ministerio de Salud Pública del Chaco y el circuito sanitario provincial detectaron irregularidades y elevaron una denuncia que derivó en una causa penal. A partir de ese momento, la sospechosa dejó de aparecer en los lugares que frecuentaba y la Policía activó un operativo de búsqueda: Ojeda está prófuga y rige un pedido de captura con alcance nacional, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.
El corazón de la acusación es simple y demoledor: Ojeda no sería médica. Sin embargo, habría logrado insertarse en el sistema de salud pública presentándose como tal y usando la matrícula de un profesional real, un médico varón que se desempeñaba en el ámbito privado, de acuerdo con las reconstrucciones difundidas. Con ese número —siempre según la investigación— habría atendido guardias en hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, además de cumplir funciones en Presidencia Roque Sáenz Peña y otras localidades.
No se trató solo de “estar”. La sospecha incluye que prescribía medicación y firmaba documentación como si fuera una profesional habilitada. Y hay un dato que elevó el caso a un nivel de alarma total: diversas crónicas señalan que llegó a firmar recetas, diagnósticos y hasta al menos nueve certificados/partidas de defunción, un aspecto que ahora empuja auditorías internas para revisar el impacto real de su paso por el sistema.
Como ocurre en muchos casos de impostura, el quiebre no llegó por un “papel” sino por una escena concreta: compañeros de trabajo empezaron a notar falta de conocimientos básicos y conductas incompatibles con el rol. Un episodio mencionado en la investigación interna fue el de la Copa Indunor, un evento deportivo donde, tras incidentes, personal de enfermería habría tenido que intervenir porque —según relataron— Ojeda no sabía cómo realizar suturas y otros procedimientos de guardia.
A partir de esas alertas, se revisó la documentación presentada y apareció otra inconsistencia clave: el DNI no coincidía con el registro asociado a la matrícula que exhibía. Entonces se hizo el cruce formal con el Sistema Nacional de Matriculación Sanitaria y el resultado fue contundente: no figuraba como médica ni como profesional habilitada.
Con la causa en marcha, la Justicia ordenó allanamientos, especialmente en Sáenz Peña, donde se realizó un procedimiento en una vivienda del barrio San Cayetano vinculada a la sospechosa. En ese domicilio —según relataron— estaban los hijos de Ojeda, pero no había rastros de ella, reforzando la hipótesis de fuga.
Lo que sí apareció fue un “inventario” inquietante: agujas hipodérmicas, bisturíes/hojas de bisturí, jeringas, sondas urinarias, sets de infusión, además de uniformes y chaquetas similares a las utilizadas en ámbitos sanitarios. También se incautó documentación vinculada a pacientes y, en el patio, restos de papeles parcialmente quemados, algunos con sellos oficiales y referencias a organismos o a un hospital de Quitilipi, según describieron los investigadores.
El fiscal subrogante mencionado en la causa, Gustavo Valero, sostuvo que la mujer se habría ido de la provincia semanas antes de que el caso tomara dimensión pública, motivo por el cual se activó la búsqueda nacional. Además, adelantó que la investigación no se limitará a la figura de la falsa médica: también se intentará determinar cómo fue contratada, bajo qué modalidad, quién la convocaba y qué controles fallaron para que alguien sin credenciales pudiera cubrir guardias.
Mirá También
