La Justicia Federal de Rosario detuvo el 25 de marzo de 2026 a un hombre identificado en el expediente por sus iniciales G.G.N., señalado como el responsable de un esquema de explotación sexual de mujeres jóvenes en entornos digitales que operaba, entre otros canales, bajo el nombre “Argentina Casting”. En una audiencia posterior, el juez de garantías Carlos Vera Barros dictó prisión preventiva por 90 días, mientras el Ministerio Público Fiscal (MPF) amplió el objeto de la investigación y sostuvo que hay ocho víctimas identificadas y la presunción de que podrían existir más.
Pero al poco tiempo trascendió que el detenido fue identificado como Gianfranco Gaspar Núñez, un rosarino de 30 años que se presentaba como productor audiovisual y ofrecía dinero a mujeres jóvenes para grabar contenido sexual bajo una promesa clave: que el material se difundiría solo en el exterior y no podría verse en la Argentina. La hipótesis fiscal sostiene lo contrario: el contenido terminaba comercializado en una plataforma sin restricción territorial real, lo que habilitaba su visualización también en el país, y además circulaba en canales de difusión y mensajería.
El caso no nació de un golpe de suerte sino de una señal concreta. La investigación se inició el 5 de marzo de 2025 a partir de un llamado anónimo a la Línea 145, el canal nacional para denunciar trata y explotación. A partir de esa alerta, la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) detectó perfiles usados para captar víctimas —entre ellos uno de Instagram denominado “Argentina Casting” o “AC”— y verificó también la existencia de un grupo público de Telegram destinado a promocionar los videos.
En el expediente, el “casting” aparece como una fachada: el primer contacto se daba por Instagram, con propuestas económicas rápidas y la promesa de una supuesta oportunidad “audiovisual”. Según el MPF, el imputado habría desplegado un esquema sostenido al menos desde 2022, viajando por distintas provincias —incluidas Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones— para concretar encuentros, producir el material, editarlo y monetizarlo luego en plataformas digitales. La fiscalía subrayó un punto que, en la lógica del caso, es central: aun si existía un pago inicial, la presunta explotación no se agotaba en ese momento, porque la circulación del material podía prolongarse indefinidamente, con impacto continuo sobre la intimidad e identidad digital de las víctimas.
El perfil público que construyó Núñez combinaba el tono de “emprendedor” con una naturalización del negocio. En una entrevista difundida antes de la detención, llegó a afirmar que con la página generaba “entre 6 mil y 7 mil dólares al mes” y describió el inicio del proyecto como una inversión personal para pagar grabaciones y luego vender el contenido. En ese mismo registro, reconoció que la filtración y circulación del material había impulsado el crecimiento de la plataforma y que, con el tiempo, dejó de “bloquear” el acceso desde Argentina, algo que contradice el corazón del engaño investigado por la fiscalía: la promesa de que el material solo se vería afuera.
Para los investigadores, no se trató de una conducta improvisada. El MPF sostuvo que el acusado asumía “todas las etapas” del proceso: captación por redes, coordinación logística, filmación con equipamiento propio, edición, subida a la plataforma de comercialización y promoción para maximizar ventas. En esa construcción, el engaño no solo estaba en el destino del contenido, sino también en la forma: el expediente menciona que en algunos casos el imputado ocultaba su identidad —se presentaba como “Liam” o “Elion”— y que a al menos tres víctimas les hizo firmar un contrato sin posibilidad real de leerlo con detenimiento ni conservar copia.
El avance del caso explica por qué se ordenó la detención recién en marzo de 2026, pese a que había movimientos previos. La fiscalía detalló que la investigación ya se había formalizado en una audiencia del 29 de julio de 2025, cuando el imputado quedó acusado por los primeros tres hechos. Pero el punto de quiebre, según el MPF, fue la detección de que la actividad continuaba: un informe de la Policía Federal indicó que el acusado había cambiado perfiles y plataformas para seguir captando mujeres, lo que permitió identificar nuevas víctimas y sostuvo el argumento de riesgos procesales que justificaban una medida más gravosa.
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