Un allanamiento en la Clínica Santa María de Villa Ballester (partido de San Martín) terminó en un hallazgo escalofriante: la Policía encontró ocho fetos dentro de bolsas en un sector de residuos del establecimiento. La escena quedó registrada en videos del operativo difundidos por las autoridades y se convirtió en una pieza central de la investigación, que ahora analiza posibles delitos de trata o sustracción de menores, además del manejo irregular de restos biológicos.
El material audiovisual que circuló en las últimas horas muestra el “detrás de escena” del procedimiento: efectivos de la Policía Bonaerense, identificados como parte de Delitos Complejos, ingresando al edificio durante la noche de este viernes y recorriendo pasillos y dependencias internas. En uno de los tramos más comentados se observa a los agentes revisando un baño y manipulando bolsas rojas cerca del inodoro y el lavabo, en una secuencia que transmite el pulso real de un allanamiento cuando la sospecha ya dejó de ser abstracta y se vuelve búsqueda metódica de evidencia.
Hay, además, un segundo registro breve que completa la escena desde otro ángulo: un video de 19 segundos que muestra el ingreso de la Policía al lugar en el marco de la búsqueda de una menor embarazada y la posterior constatación de elementos clave de la causa. Aunque son imágenes cortas, su impacto está en lo que sugieren: una clínica bajo la lupa judicial, un operativo que avanza por áreas comunes y privadas, y la sensación de que lo que se busca no es un papel suelto, sino respuestas urgentes.
El allanamiento no surgió de la nada. La investigación se originó en Santiago del Estero a partir de una causa por abuso sexual contra una nena de 12 años que cursaba un embarazo avanzado. Con un exhorto interprovincial, los investigadores llegaron a Villa Ballester tras ubicar a la menor y a su madre internadas en la Clínica Santa María.
En ese punto, el caso tomó un giro determinante: al presentarse en la clínica, el director negó que la menor y su madre estuvieran allí. La Policía insistió, verificó y finalmente confirmó que ambas estaban efectivamente internadas, un dato que, para los investigadores, no fue menor: el intento de negar la internación disparó nuevas sospechas y aceleró la orden judicial.
Cuando los agentes lograron ubicar a la niña, surgió el interrogante más sensible del expediente: de acuerdo con las crónicas, ya había dado a luz y la madre dijo no saber cuál era el paradero o el estado del bebé, lo que reforzó la hipótesis de que podía haber existido una maniobra de apropiación o entrega irregular. En paralelo, se abrió también la posibilidad de que la menor hubiera sido trasladada para un procedimiento clandestino. Es decir: el operativo tenía, desde el comienzo, un objetivo doble—ubicar a la víctima y despejar qué ocurrió con el nacimiento—y terminó revelando un escenario todavía más oscuro.
Con esos elementos, intervino el Juzgado Federal de Tres de Febrero, que ordenó el allanamiento. Pero cuando la comisión volvió con la orden, la menor y su madre ya no estaban: habían recibido el alta y se retiraron del lugar. Así, el foco se desplazó a la inspección minuciosa del edificio y, sobre todo, a los sectores donde podía haber rastros de una operatoria irregular.
La parte final del procedimiento —la que todavía no tiene un registro público tan explícito como el ingreso— es la que concentra hoy el expediente: en un depósito de residuos encontraron ocho fetos dentro de bolsas. Entre las primeras informaciones se habla de signos de desmembramiento en parte de los restos y otras describen distintos estados de desarrollo, elementos que ahora serán materia de peritajes y análisis forense. Más allá del impacto, los investigadores señalan un punto clave: el hallazgo puede aportar indicios sobre si se trata de hechos aislados o de una práctica reiterada. Por eso, además de los restos, se secuestraron registros internos y documentación considerada relevante, y se identificó a todo el personal presente durante el operativo.
En paralelo, la causa avanza en dos carriles: el federal, que evalúa hipótesis vinculadas a trata y sustracción de menores, y el provincial, con una investigación por “averiguación de ilícito” que busca determinar responsabilidades por el manejo de restos biológicos y reconstruir el circuito interno del lugar.
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