La familia real de Noruega atraviesa un nuevo capítulo de tensión judicial. Esta vez, el protagonista vuelve a ser Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, quien sufrió un importante revés cuando parecía estar cerca de conseguir un cambio en las restricciones que pesan sobre él.
El joven había obtenido una resolución favorable del Tribunal de Distrito de Oslo para abandonar el arresto domiciliario. Sin embargo, el Tribunal de Apelación revocó esa decisión y ordenó que continúe bajo vigilancia electrónica en Skaugum, la residencia oficial de los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit.
Detrás de la resolución aparecen argumentos judiciales que encendieron nuevas alarmas: el riesgo de que el acusado vuelva a cometer delitos y los resultados de una serie de controles de alcohol que generaron controversia durante el procedimiento.
Los tres análisis que complicaron al hijo de Mette-Marit
Uno de los puntos más delicados del expediente está relacionado con tres controles realizados de manera sorpresiva, cuyos resultados arrojaron indicios de consumo de alcohol.
Según la información difundida sobre el procedimiento, las pruebas se efectuaron con tres dispositivos diferentes durante un intervalo de poco más de dos horas, entre las 10:10 y las 12:21.
Los resultados fueron positivos, una circunstancia especialmente relevante porque Marius tenía prohibido consumir sustancias intoxicantes mientras cumplía las condiciones de su arresto.
Sin embargo, el hijo de la princesa heredera negó haber incumplido las restricciones y presentó una explicación alternativa que terminó convirtiéndose en otro de los aspectos más llamativos del caso.
De acuerdo con su versión, estaba utilizando un enjuague bucal para tratar una herida en la boca y también había bebido jugo de manzana fermentado, dos circunstancias con las que buscó justificar los resultados de las pruebas.
Los documentos judiciales, no obstante, pusieron en duda la credibilidad de esa explicación.
Para la Fiscalía, los controles constituyen indicios de un posible incumplimiento de las condiciones impuestas.
Por qué la Justicia decidió que Marius no recuperara la libertad
El Tribunal de Apelación consideró que todavía existen motivos para mantener las restricciones sobre Marius Borg Høiby.
Entre los argumentos centrales figura el riesgo de que pueda cometer nuevos delitos, especialmente contra personas que aparecen identificadas como víctimas en el procedimiento.
La fiscal Oda Karterud defendió la necesidad de sostener las medidas de control y planteó que la prevención de nuevos hechos debía tener prioridad.
También expresó preocupación por la posibilidad de que el joven volviera a consumir sustancias si desaparecían las limitaciones actuales.
En ese contexto, la representante del Ministerio Público llegó a considerar que los presuntos incumplimientos podían justificar su regreso a una prisión convencional.
Finalmente, los magistrados adoptaron una decisión intermedia: no autorizaron el levantamiento del arresto domiciliario, pero tampoco ordenaron su traslado a un establecimiento penitenciario.
Por lo tanto, Marius deberá permanecer en Skaugum, sometido al sistema de vigilancia electrónica.
La reacción de los abogados y el nuevo escenario para la familia real
La resolución provocó decepción entre los representantes legales del joven, Alexander Greaker y Daniel Storrvik, quienes manifestaron su desacuerdo mediante un comunicado difundido por la televisión pública noruega NRK.
“Nos hubiera gustado un resultado diferente”, expresaron.
Los abogados explicaron que estudiarán los fundamentos del tribunal antes de decidir, junto con su cliente, cuáles serán los próximos pasos de su estrategia judicial.
El caso vuelve a colocar a Mette-Marit y a la familia real noruega frente a una situación delicada, debido a la atención pública que generan las actuaciones judiciales relacionadas con el hijo de la princesa heredera.
Por ahora, la decisión es clara: Marius Borg Høiby no podrá abandonar el arresto domiciliario. Los resultados de los controles, las explicaciones que presentó y la evaluación judicial del riesgo de reincidencia seguirán siendo aspectos centrales de su situación procesal.
Aunque la Fiscalía considera que existen indicios de incumplimiento, las circunstancias vinculadas con los análisis deben distinguirse de una determinación definitiva sobre los hechos investigados.
