El sistema de procuración de justicia en México enfrenta uno de sus mayores desafíos: el rezago en las fiscalías estatales y federales ha alcanzado un máximo histórico, con casi tres millones de procedimientos pendientes al cierre de 2025. Esta cifra, revelada por el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del Inegi, pone en evidencia una crisis de eficiencia que afecta la vida cotidiana de millones de personas y la confianza en las instituciones.
El contraste es inquietante: mientras el presupuesto destinado a la procuración de justicia aumentó y se incorporó más personal, el número de investigaciones abiertas disminuyó. Sin embargo, el volumen de casos sin concluir creció un 10.4% respecto al año anterior, sumando 275 mil procedimientos más y alcanzando los 2 millones 916 mil 624 expedientes sin resolver en todo el país.
Coahuila: un reflejo de la crisis nacional
El caso de Coahuila ilustra con claridad la gravedad del problema. En esta entidad, el rezago de carpetas de investigación creció un 17.3% en un solo año: de 166 mil 973 expedientes pendientes en 2024, se pasó a 195 mil 910 en 2025. Este incremento ocurrió a pesar de que la fiscalía estatal contó con un presupuesto mayor, que ascendió de 976.5 a 1,169.6 millones de pesos, y de que se abrieron más carpetas de investigación que el año anterior.
La situación se agrava por el aumento de delitos registrados, que subieron un 12.2% en el mismo periodo, pasando de 61 mil 636 a 69 mil 140 ilícitos. Además, los feminicidios y tentativas de feminicidio en Coahuila aumentaron un 40%, de 30 a 42 casos, reflejando una tendencia preocupante en materia de violencia de género.
Más recursos, menos resultados
El fenómeno no es exclusivo de Coahuila. A nivel nacional, las fiscalías estatales concentran el 98.9% del rezago. Guanajuato, Ciudad de México y Jalisco encabezan la lista, sumando entre las tres cerca del 40% de los casos locales sin concluir. El aumento de recursos tampoco se tradujo en una mayor eficiencia: los presupuestos reales de las fiscalías estatales crecieron 2.7%, y el personal aumentó 2.8%, alcanzando los 117 mil 810 servidores públicos en todo el país, de los cuales casi ocho de cada diez trabajan en instituciones locales.
A pesar de estos incrementos, el avance en la resolución de casos sigue siendo limitado. Seis de cada diez carpetas abiertas en 2025 en alguna fiscalía local no tenían una persona imputada registrada, y en la Fiscalía General de la República la proporción fue aún mayor: más de ocho de cada diez expedientes nuevos carecían de imputado identificado. En Coahuila, de las 66 mil 909 carpetas abiertas en 2025, 40 mil 425 no tenían persona imputada.
Impunidad y desafíos estructurales
El bajo nivel de judicialización y la sobreutilización del archivo temporal son síntomas de un sistema sobrepasado. Según datos de 2024, solo el 6.28% de los casos acumulados en las fiscalías llegó al ejercicio de la acción penal. Organizaciones como México Evalúa e Impunidad Cero han advertido que medir únicamente las denuncias recibidas o carpetas iniciadas no refleja la verdadera efectividad de las fiscalías, proponiendo observar resultados como investigaciones judicializadas, sentencias y soluciones para las víctimas.
La acumulación de asuntos pendientes no solo retrasa la justicia, sino que alimenta la percepción de impunidad y desconfianza social. En palabras de especialistas, los principales cuellos de botella del sistema penal mexicano se encuentran en la falta de resultados efectivos y en la incapacidad para cerrar los ciclos de investigación.
El reto de recuperar la confianza
El impacto de este rezago es profundo: afecta la seguridad, la esperanza de justicia y la vida diaria de quienes esperan respuestas del sistema. En Coahuila, como en el resto del país, la ciudadanía observa con preocupación cómo crecen los delitos y las investigaciones sin resolver, mientras los recursos y el personal aumentan sin traducirse en soluciones tangibles.
El desafío para las fiscalías mexicanas es enorme. Más allá de los números, está en juego la credibilidad de las instituciones y el derecho de las víctimas a obtener justicia. Resolver el rezago, mejorar la eficiencia y garantizar resultados efectivos es una tarea urgente para devolver la confianza y la tranquilidad a la sociedad.
