Casi dos años después de la primera denuncia –radicada el 5 de julio de 2024–, la causa contra Marcelo Eduardo Porcel (51) llega mañana, jueves 28 de mayo, a uno de sus momentos más decisivos desde que el juez Carlos Bruniard dictó el procesamiento el pasado 6 de abril.
La Sala 4 de la Cámara del Crimen tiene en su agenda las apelaciones de ambas partes, y el resultado de esa audiencia puede alterar de manera significativa el curso del expediente.
Dos apelaciones cruzadas, una misma causa
Lo que se dirime mañana ante la Sala 4 de la Cámara del Crimen en rigor, una doble disputa. Por un lado, Porcel apeló su propio procesamiento –que lo acusa de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de material de explotación sexual infantil, por diez víctimas–, el embargo por más de 111 millones de pesos que pesa sobre su patrimonio, y la orden de extracción de ADN.
Por el otro, Pablo Hawlena Gianotti, abogado querellante de las nueve familias denunciantes, apelará la decisión que desde el inicio de la investigación permitió que el imputado permaneciera en libertad sin prisión preventiva ni arresto domiciliario.
Esa misma decisión ya fue cuestionada en etapas anteriores del proceso, sin éxito. Ahora, con el peso de un procesamiento por tres cargos concurrentes, la querella vuelve a insistir ante una instancia superior.
El frente de San Martín: que pasó con la causa de extorsión que Porcel intentó usar a su favor
Hay un dato que la querella destaca como significativo y que se desarrolla en paralelo, en la Justicia Federal de San Martín. Porcel había denunciado ser víctima de una extorsión, y en esa causa intentó vincular a los padres y madres de las víctimas como posibles autores o partícipes.
Según pudo saber GENTE, esa estrategia no prosperó: la Justicia confirmó –por segunda vez– que los progenitores de los menores son ajenos a los hechos de extorsión, en sentido contrario a lo que el empresario había sostenido en la causa de Capital Federal.
La querella, que también está presentada en ese expediente, continúa trabajando para demostrar que la denuncia por extorsión habría sido armada por el propio Porcel. Como parte de ese cuadro, según la misma fuente, el empresario habría sido filmado por su hijo mayor mientras hablaba con el presunto extorsionador –un detenido que llamaba desde la cárcel–.
Esa modalidad, en la que un preso "se alquila" para trabajar como intermediario sabiendo que no saldrá en mucho tiempo, es conocida en el ámbito judicial. Su utilización como elemento de prueba en una denuncia propia añade una capa de complejidad que la Cámara de San Martín deberá seguir evaluando.
Un procesamiento, diez víctimas y la libertad que no se revocó
Para reconstruir el estado actual de la causa: el 6 de abril, el juez Bruniard formalizó la acusación contra Porcel por hechos que habrían ocurrido en el domicilio familiar en Godoy Cruz 3046, un departamento en la calle De María 4550, la oficina de Avenida del Libertador 602 y el Tambo Campazú en Cañuelas, pero también –según lo que consta en el expediente– en Roma y Punta del Este.
Diez jóvenes, amigos de los hijos del empresario, compañeros en el colegio Palermo Chico y menores de edad al momento de los hechos, declararon en Cámara Gesell describiendo un mismo patrón. Según los testimonios recabados, el mecanismo incluía alcohol, apuestas online, cámaras ocultas en duchas, masajes con presuntas sustancias sedantes y tocamientos en los genitales.
En el expediente constan fotografías de al menos un menor desnudo en la ducha, captadas mediante cámaras ocultas y reconocidas por la familia y por el propio joven. Pese a la gravedad del cuadro, el juez no ordenó la detención. Las nueve familias que llevan casi dos años en ese expediente aguardan que mañana, por fin, la Cámara lo corrija.
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