La causa judicial abierta tras el hallazgo de ocho fetos en una clínica privada de Villa Ballester incorporó en las últimas horas a un actor clave: la Fundación Cígesar. La organización, dedicada a la salud sexual y (no) reproductiva, reconoció su participación en procedimientos realizados en el establecimiento y difundió un comunicado en el que defendió la legalidad de su accionar. El caso, que se tramita en el partido de San Martín, continúa bajo investigación judicial y sanitaria.
El episodio se desencadenó a partir de una denuncia por abuso sexual contra una menor en la provincia de Santiago del Estero. En el marco de esa investigación, la Justicia ordenó localizar a la víctima y a su madre, quienes fueron encontradas en la Clínica Santa María. Durante un allanamiento posterior en el centro de salud, los investigadores hallaron restos biológicos humanos en un depósito de residuos, lo que abrió distintas hipótesis: desde la realización de abortos hasta la posible comisión de otros delitos.
En ese contexto, la Fundación Cígesar quedó bajo la lupa. Según su propia presentación institucional, se trata de una ONG orientada al abordaje integral de la salud sexual y (no) reproductiva, con tareas que incluyen atención clínica, formación profesional, educación sexual integral y campañas de prevención.
El vínculo con la clínica fue confirmado tanto por el establecimiento como por la propia organización. Desde la Clínica Santa María señalaron que la fundación alquilaba infraestructura, quirófano e internación, mientras que los procedimientos eran realizados por personal propio de la ONG.
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Esta versión fue ratificada por Cígesar en un comunicado público, en el que afirmó que existe un convenio para utilizar las instalaciones cuando se requieren prácticas de mayor complejidad. En ese documento, la fundación sostuvo que “todas las prácticas realizadas se llevan adelante dentro del marco legal vigente, cumpliendo con la normativa aplicable y los protocolos sanitarios correspondientes”.
Además, aseguró que las intervenciones se efectuaron “con las autorizaciones correspondientes”. Respecto al procedimiento que originó la investigación, la ONG indicó que “intervinieron autoridades con el objetivo de resguardar material genético necesario para la causa judicial”, en referencia al secuestro de elementos durante el allanamiento.
Por otra parte, la fundación denunció la difusión de información sensible vinculada al caso. “Se filtró información en vulneración de la confidencialidad y la privacidad de la paciente, lo que dio lugar a interpretaciones erróneas”, señalaron.
La investigación continúa en curso y busca determinar con precisión el origen de los restos hallados, las condiciones en que se realizaron los procedimientos médicos y si existió algún tipo de irregularidad o delito. Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones en el ámbito judicial, sanitario y social.
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