En las últimas semanas, una serie de casos extremos volvió a sacudir a la sociedad argentina con una pregunta incómoda que aparece cada vez que ocurre una tragedia puertas adentro: ¿cuántas señales hubo antes y nadie llegó a verlas o nadie supo cómo actuar? La condena a perpetua para el padre que abusó y mató a su beba de apenas dos meses en un entorno familiar que debía protegerla reactivó una alarma que no es nueva pero sí persistente.
En los últimos meses, entre muchas otras historias, también conmocionaron el crimen de Ángel López en Comodoro Rivadavia en medio de un entramado familiar atravesado por conflictos previos y negligencia, el caso del nene de 12 años que encontró a su madre enterrada en el patio de su casa en Claypole y la condena a perpetua al padre de Emma Olguín a tres años del crimen de la beba de dos meses. Historias y geografías distintas pero un patrón que empieza a repetirse con demasiada frecuencia: la violencia intrafamiliar más grave suele gestarse en silencio, en contextos donde la salud mental está deteriorada, el acompañamiento estatal no llega y el sistema aparece recién cuando el daño ya ocurrió.
A eso se suma otro fenómeno que preocupa a especialistas: cada vez más episodios de violencia doméstica extrema aparecen asociados a cuadros no tratados o abandonados. No se trata de simplificar ni de estigmatizar la salud mental, sino de advertir que muchos de estos casos comparten un denominador común inquietante: personas que atravesaban procesos de deterioro progresivo sin seguimiento clínico sostenido, familias desbordadas y un sistema que llega tarde. El resultado es una cadena de episodios que, lejos de ser imprevisibles, muchas veces eran anticipables.
Por eso los expertos insisten en que hablar de estos hechos no es reproducir morbo ni amplificar miedo social: es intentar entender por qué siguen ocurriendo. Cada nuevo caso expone la misma escena estructural: una ley que establece dispositivos que no terminan de implementarse, equipos comunitarios insuficientes, guardias sin recursos y familias que quedan solas frente a situaciones límite. La pregunta ya no es solo qué pasó en cada tragedia, sino por qué siguen repitiéndose. Y qué debería cambiar para que la próxima alerta no vuelva a convertirse en noticia.
Las claves a tener en cuenta
El psiquiatra forense y terapeuta cognitivo-conductual Mel Gregorini, que atiende casos de violencia familiar disparada por problemáticas mentales, se explaya en diálogo con GENTE acerca de las alertas no atendidas, los perfiles de los abusadores intrafamiliares y lo que sucede con los menores de edad sobreviviendo a entornos extremos de violencia.
–¿A qué antecedentes o señales más tempranas deben atender los familiares para alertarse?
–Los antecedentes que tenemos que tener en cuenta son cuando el chico deja de expresar su mundo emocional, se retrae, se aísla, empieza a tener temor, a veces infundado y a veces concreto con algún tipo de persona o familiar. Ahí es donde se demuestra que están en una etapa de sufrimiento, de angustia, de ansiedad ante lo que realmente los está atacando.
"Una estructura totalmente perversa donde no le importa el otro"
–Una de las preguntas que más se repite frente a estos casos: ¿cuál es la estructura psíquica de quienes ejercen este tipo de violencia extrema?
–Cuando hablamos de este tipo de personalidad, estamos hablando de una estructura psicopática. Pero después en el fondo vemos una estructura totalmente perversa donde no le importa el otro, vulnerarlo, violentarlo y abusar de él. En la gran mayoría de los casos podemos decir que es una estructura perversa psicopática.
Menores sin voz: las herramientas que siempre existen aunque no se vean
–¿Qué sucede con los menores que están lidiando en contextos de extrema violencia y parecen no tener ninguna herramienta para comunicar lo que les pasa?
–Las primeras herramientas que uno puede identificar son el colegio, el grupo de contención, si hacen algún tipo de deporte, algún primo, tío, alguien que los pueda rescatar de esa situación violenta. La verdad es que hay muchos chicos que, a pesar de todo, tienen alguna herramienta para comunicar. Siempre hay. A veces en una red social, a veces cuando salen a jugar con algún amigo. El chico inevitablemente deja algún tipo de señal para mostrar que le están siendo vulnerados todos sus derechos.
–¿Qué falla cuando la justicia y el Estado aparecen recién después de la tragedia, como en el caso de Ángel o el de la beba abusada?
–Lo que vemos es que falla el sistema judicial, no tanto la justicia en sí, porque los derechos del niño son siempre muy claros y tajantes. El tema es el actuar de la justicia. Tienen que empezar a modernizar la forma de evaluar, de contener y de peritar a las estructuras familiares. Entender la familia como un sistema muy complejo, donde ya no es la familia de antes: hoy hay nuevos modos de familia que pueden ser muy agresivos con el chico y llegar, como en los casos que nombrás, al abuso o a la muerte. Frenar esas personalidades totalmente dañinas es una función que tiene que asumir el Poder Judicial. Siempre con el derecho del niño a ser protegido como eje.
La ley que no alcanza y el sistema que falla
La Ley de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010, representó un avance en términos de derechos. Pero su implementación fue siempre incompleta. "Lamentablemente, hay vacíos en la ley que dificultan la contención de personas que sufren descompensaciones graves", subraya Gregorini. La norma establece la sustitución progresiva de los hospitales monovalentes por dispositivos comunitarios de atención, la integración de la salud mental al sistema de salud general y la creación de redes de apoyo familiar. Nada de eso ocurrió a escala.
Lo explican los propios profresionales de la salud mental: los manicomios siguen siendo la respuesta más frecuente a las crisis agudas, las camas de internación en hospitales generales son insuficientes y los equipos interdisciplinarios en el primer nivel de atención prácticamente no existen.
Gregorini señala un patrón que se repite: "La mayoría de estos casos tienen en común fallas en la contención. Lo que lleva a una mala interpretación de la realidad y a conductas impulsivas y agresivas. En un brote psicótico, la persona no se va de la realidad de un momento para otro: se va desorganizando de a poco, como un barco que se va hundiendo por varias pinchaduras. Y en ese proceso, hay señales sutiles al principio".
Esas señales, dice Gregorini, son reconocibles. Entre ellas, se puede presentar insomnio persistente, discurso sin hilo conductor, agotamiento extremo, abandono del tratamiento. "La falla en la conciliación del sueño es una de las cosas más importantes. Junto con la obnubilación de la conciencia, la falta de alimentación y la intolerancia a los ruidos: son señales forenses que indican que la persona está saturada", explica el especialista.
El mapa del desfinanciamiento
Las propias autoridades sanitarias coinciden en que la demanda de atención en salud mental superó ampliamente la capacidad instalada del sistema público. Las listas de espera para conseguir un turno en el sistema de salud mental del primer nivel de atención pueden superar los seis meses en muchos partidos del conurbano bonaerense. En CABA la situación es algo mejor, pero el acceso a internaciones voluntarias o a dispositivos de media residencia sigue siendo restringido.
El problema se agudizó con los ajustes presupuestarios de los últimos años. Los programas de salud mental fueron de los primeros en recibir recortes tanto a nivel nacional como provincial. Los equipos de salud mental comunitaria, que son los que realizan el seguimiento domiciliario y sostienen los vínculos familiares que Gregorini menciona como clave, quedaron reducidos o directamente disueltos en muchos distritos.
La brecha entre los enunciados de la ley y la realidad del sistema es visible en un dato concreto: según la última Encuesta Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, solo el 22% de las personas con diagnóstico de trastorno mental severo reciben algún tipo de tratamiento formal. El resto navega sin red.
Qué hacer cuando el entorno ve las señales
El protocolo, en teoría, es claro. Ante una persona que muestra conductas delirantes, paranoides o desorganizadas, el primer paso es acudir a una guardia de salud mental de un hospital público, donde un equipo interdisciplinario puede hacer una evaluación de urgencia e indicar medicación o internación si fuera necesario.
En la práctica, el camino es más complicado. Los familiares muchas veces no saben cómo actuar. Las guardias de hospitales generales no siempre cuentan con psiquiatra de guardia las 24 horas. Y la internación involuntaria, un recurso extremo pero a veces necesario, tiene restricciones legales que complican el proceso cuando la persona en crisis se niega a recibir ayuda.
"Ante una urgencia, lo primero es llevar a la persona a una guardia de salud mental. Generalmente se inicia una etapa de medicación urgente y contención, y si no hay mejoría, se considera la internación por uno o dos meses", explica Gregorini. Pero agrega una advertencia sobre el error que cometen los medios y muchas veces el entorno: "El error común es presentar estos casos como películas de terror, estigmatizando la salud mental. Es fundamental entenderlos como brotes psicóticos con una etiología que puede ser estudiada y comprendida".
El rol de la familia y lo que la ley no puede hacer sola
Uno de los puntos más críticos del sistema argentino de salud mental es la dependencia de la contención familiar. La ley establece que el tratamiento debe privilegiar el entorno comunitario y familiar por sobre la internación. Pero qué pasa cuando la familia no sabe qué hacer, no tiene acceso a información o ella misma está en crisis.
Gregorini es enfático en ese punto: "Es fundamental enfatizar el trabajo con las familias, la ayuda mutua y la información continua sobre la realidad de cada caso. Cada mente es totalmente distinta, pero hay sistemas de alerta que uno puede ir pesquisando".
La reforma del sistema de salud mental no es una novedad en la agenda pública. Lo que sí es nuevo, o al menos más audible, es que hoy son los propios funcionarios sanitarios quienes están poniendo el problema sobre la mesa. Si esa presión se traduce en políticas concretas, en recursos reales y en equipos con continuidad, está por verse. Por ahora, el sistema sigue teniendo más casos que respuestas.
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