Un nuevo capítulo en la historia política de México se abrió en la Cámara de Diputados: con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, se aprobó la reforma constitucional que exige nacionalidad única mexicana para quienes busquen la presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, redefine el perfil de los futuros líderes del país y reaviva el debate sobre identidad, lealtad y derechos de millones de mexicanos con doble nacionalidad.
La reforma, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, establece que los aspirantes a estos cargos deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento y no contar con otra nacionalidad. En caso de poseerla, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos. Además, quienes resulten electos no podrán adquirir otra nacionalidad ni ejercer derechos políticos ante gobiernos extranjeros, utilizar pasaportes de otro país o acogerse a protección diplomática extranjera.
Un debate que trasciende fronteras
La discusión en el pleno estuvo marcada por posturas encontradas y argumentos cargados de simbolismo. Para los defensores de la reforma, el objetivo es claro: garantizar que quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal o local sean personas leales y comprometidas únicamente con México. "El objetivo del dictamen es asegurar que toda persona que ejerza dicha titularidad no se vea influenciada ni inclinada a salvaguardar y proteger intereses provenientes de una segunda nacionalidad o de entes extranjeros", sostuvo Leonel Godoy Rangel, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum también defendió la iniciativa, aclarando que "no se le está quitando ningún derecho a los ciudadanos. Un mexicano puede tener dos o tres nacionalidades si en otro país se lo aprueban, pero si quieren ser Presidentes de México, pues tienen que renunciar a la otra nacionalidad, porque solamente deben jurar a la bandera de México".
La voz de la oposición y la comunidad migrante
Sin embargo, la reforma encontró resistencia en la oposición y en quienes ven en ella una regresión en materia de derechos humanos. Diputados del PRI y del PAN advirtieron que la medida podría estigmatizar a millones de mexicanos migrantes que, por razones familiares o laborales, poseen un segundo pasaporte. "Esta es una gran regresión en materia de Derechos Humanos al elevar la doble nacionalidad a un motivo de sospecha o de exclusión pública", expresó el diputado Alejandro Domínguez, del PRI, recordando que cerca de 43 millones de mexicanas y mexicanos residen en el extranjero y muchos cuentan con doble nacionalidad.
Otros legisladores señalaron que la reforma tiene un carácter selectivo, pues no se extiende a otros cargos públicos de relevancia nacional, como senadores, diputados federales o secretarios de Estado. "Si la noble nacionalidad fuera sinónimo de deslealtad, como aquí se pretende insinuar, ninguno de esos cargos debería de quedar fuera", cuestionó Patricia Flores, diputada de Movimiento Ciudadano.
¿Qué cambia y para quién?
La reforma no afecta el derecho general de los mexicanos a tener doble nacionalidad, derecho que sigue protegido por el artículo 32 constitucional. Sólo quienes aspiren a la presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de iniciar su candidatura. Quienes actualmente ocupan estos cargos no serán afectados por la nueva disposición, que entrará en vigor a partir del proceso electoral de 2028.
Además, el decreto prohíbe expresamente el uso de pasaportes o documentos de identidad extranjeros, así como el ejercicio de derechos políticos inherentes a la nacionalidad extranjera y la protección diplomática de otro país. El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en la remoción del cargo.
Un país, una bandera: ¿nuevo requisito o exclusión?
Mientras el oficialismo sostiene que la reforma refuerza la soberanía nacional y la lealtad al país, la oposición advierte sobre el riesgo de exclusión y discriminación para millones de connacionales en el extranjero. El debate, lejos de cerrarse, refleja la compleja relación de México con su diáspora y la tensión entre identidad nacional y pluralidad global.
Con la mirada puesta en 2028, México redefine quién puede aspirar a sus más altos cargos ejecutivos. La reforma de nacionalidad única marca un antes y un después en la política mexicana, abriendo preguntas sobre pertenencia, representación y el futuro de una nación en constante diálogo con el mundo.
