La tranquilidad de una secundaria en Querétaro se vio abruptamente interrumpida cuando un estudiante de 13 años agredió con un arma blanca a cuatro personas. El episodio, que sacudió a la comunidad educativa y a las familias, reavivó una vieja polémica: ¿cómo garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en las escuelas sin vulnerar sus derechos?
En el centro del debate está el operativo Mochila Segura, un programa diseñado para revisar las pertenencias de los estudiantes y prevenir el ingreso de objetos peligrosos a los planteles. Tras el ataque, la secretaria de Educación de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón, declaró que, debido a restricciones derivadas de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el operativo no podía implementarse en la entidad. Sin embargo, la respuesta de la CNDH no se hizo esperar y abrió un nuevo capítulo en la controversia.
La interpretación de una recomendación y el interés superior de la niñez
La CNDH rechazó categóricamente haber prohibido la realización del operativo Mochila Segura. A través de un pronunciamiento público, el organismo aclaró que su Recomendación 48/2019 nunca planteó una prohibición, sino que instó a las autoridades educativas a observar los principios del interés superior de la niñez y a atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
Según el documento, la revisión de mochilas puede realizarse como una medida de protección y cuidado, siempre que se haga bajo un enfoque de derechos humanos y con la participación de comités escolares que garanticen la privacidad y el respeto a los estudiantes. La CNDH subrayó que la posición de la Secretaría de Educación de Querétaro parte de una interpretación "totalmente adversa" al contenido de la recomendación.
¿Seguridad o privacidad? El dilema en las aulas
El operativo Mochila Segura no es nuevo en el país, pero su aplicación ha sido objeto de debate y de resoluciones judiciales. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional en su modalidad generalizada, al considerar que vulneraba la privacidad de los menores. Desde entonces, en algunas regiones evolucionó hacia protocolos consensuados, como el programa Mochila de Paz y Prevención en el Estado de México, donde la revisión es voluntaria y se realiza con la participación de padres, docentes y comités escolares.
En Querétaro, las autoridades educativas han descartado la aplicación generalizada del operativo, enfatizando que la prevención debe iniciar en el hogar. Recomiendan que sean los padres o tutores quienes revisen las pertenencias de sus hijos antes de acudir a clases y priorizan el fortalecimiento de protocolos de contención, apoyo emocional y asistencia psicológica para los estudiantes.
Un llamado a la corresponsabilidad
La CNDH, lejos de cerrar el debate, considera urgente afrontar la realidad de los centros escolares con medidas idóneas que garanticen la seguridad de los estudiantes. Exhorta a las autoridades educativas, madres y padres de familia, docentes y estudiantes a acordar, en conjunto, planes de seguridad y protección que eviten hechos como los ocurridos en la secundaria Esperanza Cabrera de Querétaro y en otros planteles del país.
La controversia pone de manifiesto la complejidad de encontrar el equilibrio entre la protección y los derechos de la infancia. Mientras tanto, las comunidades escolares buscan respuestas que les permitan sentirse seguras sin renunciar a la dignidad y privacidad de sus integrantes. El desafío sigue abierto: construir entornos escolares donde la prevención y el respeto vayan de la mano.
