La autopsia a la nena de cuatro años que fue llevada ya sin vida a un centro de salud de la zona fronteriza entre Salta y Bolivia arrojó un resultado contundente y escalofriante: la muerte se produjo por anoxia encefálica provocada por asfixia mecánica, a partir de una compresión en el tórax y el abdomen. En paralelo, los peritos detectaron múltiples lesiones en el cuerpo, compatibles con episodios de violencia previos, un dato que refuerza la hipótesis de que no se trató de un hecho aislado sino de un cuadro de maltrato sostenido.
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El caso estalló públicamente por la dramática secuencia que se vivió en la guardia: el padre de la niña fue quien llegó al centro médico con la menor y, tras confirmarse que ya no presentaba signos vitales, se quitó la vida dentro del hospital, delante de testigos. La autopsia realizada al hombre indicó que su muerte fue consecuencia de un traumatismo craneal severo producto de un disparo y fue calificada como suicidio, lo que deja a la investigación sin la posibilidad de una declaración clave del principal sospechoso.
En cuanto a la niña, el dato central del informe forense es la causa médica del fallecimiento: asfixia mecánica que derivó en anoxia encefálica, una formulación técnica que, en términos judiciales, orienta la causa hacia una muerte violenta. A eso se suma el hallazgo de lesiones “de distinta data”, es decir, marcas compatibles con agresiones ocurridas con anterioridad, algo que los especialistas interpretaron como un indicio de violencia previa que podría haberse extendido durante semanas o incluso meses.
Otro elemento que apareció con fuerza en las últimas horas es el tiempo transcurrido entre la muerte y la llegada al hospital. A partir de los peritajes se pudo señalar que, al momento de ingresar al centro de salud, la nena llevaba alrededor de 14 horas sin vida, un dato que, de confirmarse en el expediente, abriría una línea decisiva: por qué se produjo el traslado tantas horas después y qué ocurrió en ese lapso. Esa distancia temporal también es consistente con la necesidad de los investigadores de reconstruir paso a paso las horas previas: dónde estuvo la menor, quiénes la vieron por última vez y si hubo señales de alerta que no fueron detectadas.
La geografía del caso explica parte de la complejidad. Los hechos se ubican en un corredor de frontera con circulación intensa entre Argentina y Bolivia, con menciones a la localidad salteña de Salvador Mazza y al área de Pocitos/Yacuiba, donde se encuentra el centro de salud al que llegó la niña. En ese marco, la investigación quedó bajo la órbita del Ministerio Público boliviano, con tareas de reconstrucción a cargo de fuerzas locales, mientras se indaga el entorno familiar de la víctima y la posible existencia (o ausencia) de denuncias previas.
Con el resultado de la autopsia ya sobre la mesa, la causa gira ahora hacia dos preguntas que marcarán el expediente: quién ejerció la violencia mortal y si hubo responsabilidades indirectas por acción u omisión. Hasta el momento, no se registrarían denuncias formales anteriores, un punto que, lejos de cerrar el tema, suele abrir otro debate: cómo se detecta a tiempo el maltrato infantil y qué fallas existen para que señales persistentes queden invisibles.
