Un nuevo elemento se incorporó a la investigación por la muerte de Sebastián Nazareno García, el adolescente de 16 años que fue baleado durante la madrugada del 16 de agosto en Mar del Plata. Se trata de la transcripción de la llamada que Ulises Cristiano, el comerciante detenido por el hecho, realizó al 911 instantes después de disparar contra el grupo de jóvenes.
El contenido de esa comunicación adquirió especial relevancia mientras la Justicia debe resolver si dicta la prisión preventiva del imputado o dispone su libertad. La Fiscalía sostiene que, hasta el momento, no existen pruebas que permitan acreditar que los adolescentes estuvieran armados o hubieran disparado.
“Qué tal, Mar del Plata, Champagnat y Saavedra. Seis flaquitos me quisieron robar y los reventé a tiros. Cayó uno, mandame un patrullero y ambulancia”, dijo Cristiano apenas fue atendido por el operador de la Central de Atención Telefónica de Emergencia.
Cuando le preguntaron específicamente si los jóvenes estaban armados, el comerciante respondió que no lo sabía. Según explicó durante la comunicación, estaba dentro de su camioneta cuando intentaron abrirle las puertas y él comenzó a disparar.
“Cayó uno, acá hay uno caído en el pasto y están las tres bicicletas tiradas acá”, agregó antes de identificarse y volver a solicitar la presencia de la Policía y una ambulancia.
Por qué el llamado al 911 es clave para la investigación
La fiscal Constanza Mandagarán, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, hizo especial hincapié en un detalle de esa conversación: Cristiano no mencionó que los jóvenes tuvieran armas de fuego ni relató haber sufrido una agresión física contra él o su tío.
Ese elemento fue incorporado al pedido de prisión preventiva, junto con las grabaciones analizadas durante la investigación. En esos registros pudieron distinguirse dos secuencias de disparos: una primera de cinco detonaciones consecutivas y otra posterior de dos tiros.
Cerca de la camioneta, además, los investigadores encontraron siete vainas servidas. De acuerdo con las pericias incorporadas al expediente, todas fueron percutidas por la pistola calibre nueve milímetros utilizada por Cristiano.
Dos testigos presentados por la defensa habían declarado que escucharon dos tandas de detonaciones y plantearon la posibilidad de un intercambio de disparos. Sin embargo, para la acusación, las siete detonaciones detectadas corresponden al arma del comerciante.
El dato de la pericia realizada sobre la víctima
La investigación también estableció que había residuos de disparo en la mano izquierda de Sebastián García. La Fiscalía advirtió, sin embargo, que ese resultado por sí solo no permite concluir que el adolescente haya utilizado un arma.
Según las alternativas contempladas por la División Criminalística de la Policía, las partículas podrían corresponder a que efectuó un disparo, manipuló recientemente un arma o estuvo a muy corta distancia cuando se produjo una detonación.
Para Mandagarán, esta última posibilidad adquiere relevancia a partir de las imágenes analizadas. Según sostuvo la fiscal, la primera secuencia de disparos contra los jóvenes se produjo “a extrema cercanía (a la distancia de un brazo)”.
Además, remarcó que hasta ahora no se encontraron elementos que corroboren que García y sus acompañantes estuvieran armados.
La decisión que deberá tomar la Justicia
La defensa de Cristiano, encabezada por Ibar Sallaz y Gonzalo La Menza, sostiene que el comerciante actuó en legítima defensa y reclamará su libertad. La Fiscalía mantiene una posición contraria y solicitó que la detención sea convertida en prisión preventiva.
En su presentación, Mandagarán también destacó que esa madrugada Cristiano se había apostado con dos pistolas calibre nueve milímetros, una escopeta, un rifle, municiones y un handy. Para la acusación, ese despliegue constituye un elemento para analizar su conducta previa al episodio.
La audiencia ante el Juzgado de Garantías N° 3 está prevista entre el jueves y el viernes. Allí deberá resolverse si el comerciante continúa detenido, recupera la libertad o eventualmente cumple la medida bajo arresto domiciliario, modalidad a la que la fiscal adelantó que no se opondría.
