La imagen es poderosa: padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa cruzando, por primera vez en doce años, el umbral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Detrás de vallas metálicas y bajo la mirada atenta de un dispositivo de seguridad, las familias llevaron su reclamo directamente al presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, en un gesto que marca un antes y un después en la larga lucha por la verdad y la justicia.
El encuentro, realizado en la víspera del duodécimo aniversario de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, representa un hecho inédito: nunca antes el titular de la Corte había recibido a los familiares de los normalistas. La reunión fue más que simbólica. Allí, los padres y madres insistieron en la necesidad de agilizar los procesos judiciales pendientes y, sobre todo, en la entrega de 853 folios de inteligencia militar que consideran clave para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La espera que se mide en ausencias
Doce años han pasado desde que la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fue atravesada por la tragedia. En ese tiempo, seis padres y dos madres han fallecido sin conocer el destino de sus hijos. Para las familias, el tiempo no ha significado olvido, sino una espera que se mide en sillas vacías y fotografías que siguen levantando en cada marcha. "El tema de la desaparición es un problema fuerte, no solo le duele a 43 padres y madres, en Guerrero, también hay cientos y miles de desaparecidos en el país", expresó Isidoro Vicario, abogado de las familias, recordando la dimensión colectiva de una herida que no cicatriza.
La lucha, sin embargo, continúa. Las nuevas generaciones de estudiantes de Ayotzinapa han hecho propia la consigna "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Para ellos, ingresar a la normal es también asumir la responsabilidad de mantener viva la exigencia de verdad, en medio de la estigmatización y el desgaste de más de una década de movilizaciones.
El reclamo por la verdad y la justicia
El litigio por los folios de inteligencia militar fue uno de los puntos centrales del diálogo con la Corte. Las familias insisten en que esos documentos, generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Iguala y otras instancias castrenses, pueden aportar elementos esenciales para reconstruir lo sucedido. El ministro presidente se comprometió a revisar los expedientes y a buscar que se agilicen los amparos pendientes, además de gestionar una reunión con la ministra Yasmín Esquivel, quien tiene en sus manos uno de los recursos clave.
La exigencia de acceso a la información militar se suma a los reclamos recientes contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya última recomendación fue rechazada por las familias al considerar que minimizaba la posible responsabilidad del Ejército. La búsqueda de respuestas, pues, se ha vuelto también una lucha contra el silencio institucional y las resistencias burocráticas.
Fragmentación y persistencia
El movimiento de los padres de Ayotzinapa, que durante años marchó unido bajo una misma manta, hoy muestra fracturas. Diferencias sobre la estrategia a seguir —movilización en las calles o vía judicial— y cuestionamientos sobre la representación legal han dado lugar a nuevos colectivos y caminos paralelos. Sin embargo, la división no implica renuncia: cada sector mantiene viva la exigencia de saber dónde están los 43 y de que se haga justicia.
En este contexto, el Gobierno federal ha anunciado que el próximo lunes presentará avances y nuevas líneas de investigación sobre el caso. La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el reporte será expuesto por el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán. El informe, que ya fue compartido con los padres, será público tras las movilizaciones convocadas para el aniversario.
El peso de la memoria
Cada 26 de septiembre, las calles de la Ciudad de México y de Guerrero se llenan de rostros: los de los 43 estudiantes, impresos en pancartas, y los de sus familias, marcados por el paso del tiempo y la ausencia. Las barreras metálicas que rodean edificios emblemáticos del Centro Histórico son testigos mudos de una herida abierta en la sociedad mexicana.
La historia de Ayotzinapa es, también, la historia de un país que sigue buscando respuestas. Mientras las familias enfrentan el desgaste, la enfermedad y la pérdida, su reclamo trasciende lo individual: es un llamado a no olvidar y a exigir que la justicia, tantas veces postergada, finalmente llegue. El diálogo abierto por la Suprema Corte y la promesa de nuevos avances en la investigación renuevan la esperanza, aunque la pregunta central —¿dónde están los 43?— sigue sin respuesta definitiva.
