Un eco de disparos y gritos rompió la rutina del penal El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, durante dos días de octubre. El saldo: 12 muertos —entre ellos un niño de dos años que visitaba a su madre— y más de una docena de heridos. La escena, tan brutal como recurrente, puso nuevamente bajo la lupa a una prisión marcada por la violencia, el autogobierno y las alertas ignoradas.
El Castillo no es ajeno a la tragedia. Desde hace años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha advertido sobre graves deficiencias en gobernabilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos en este centro penitenciario. Pero la reciente masacre, ligada a la guerra entre los grupos criminales conocidos como “Chapitos” y “Mayiza”, expuso de manera cruda la fragilidad institucional y la urgencia de cambios profundos.
Un penal con historia de fugas y violencia
Construido hace casi cuatro décadas, El Castillo ha sido escenario de episodios que parecen sacados de una novela negra. En 1989, 96 internos —en su mayoría del fuero federal— escaparon a través de un túnel de 30 metros, en una de las fugas más escandalosas de la historia penitenciaria mexicana. Años después, en 2010, una disputa entre internos del Cártel de Sinaloa y Los Zetas dejó 29 reos muertos a balazos y armas punzocortantes, además de custodios heridos. Las armas, los túneles y las masacres han sido parte de un ciclo que parece no tener fin.
El reciente ataque armado, que tenía como objetivo a Eduardo Martínez Larios, alias “El Owen” —operador de la facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera—, terminó con su muerte y la de otros diez reos, además del menor. La violencia, lejos de ser un hecho aislado, es reflejo de la lucha por el control interno entre grupos criminales, facilitada por la debilidad institucional.
Alertas ignoradas y autogobierno
La CNDH lleva al menos desde 2012 señalando problemas estructurales en El Castillo: autogobierno, insuficiencia de custodios, capacitación deficiente, actividades ilícitas y fallas en la clasificación y separación de internos. Los reportes describen cómo, en ocasiones, los propios reclusos ejercían funciones de autoridad, una de las manifestaciones más preocupantes del deterioro institucional.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 fue contundente: El Castillo obtuvo una calificación reprobatoria de 5.25 sobre 10. Entre las deficiencias detectadas destacan la falta de programas para prevenir y atender incidentes violentos, carencias en servicios de salud, inadecuada separación entre hombres y mujeres, y la insuficiencia de actividades deportivas y de reinserción. La ausencia de hacinamiento —el penal alberga a 1,406 personas, por debajo de su capacidad— no ha sido suficiente para evitar la violencia ni para mejorar las condiciones de vida de los internos.
La respuesta institucional: ¿un nuevo comienzo?
La gravedad de los hechos recientes forzó una respuesta del más alto nivel. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el apoyo federal para fortalecer el sistema penitenciario de Sinaloa, mientras que la gobernadora Graciela Domínguez confirmó la autorización para construir un nuevo centro penitenciario, financiado con recursos federales. Aunque aún no se han detallado montos, ubicación ni plazos, el anuncio representa un reconocimiento oficial de que la crisis no puede resolverse con parches.
La atención a las familias de los internos fallecidos y la promesa de reforzar la seguridad son pasos necesarios, pero insuficientes si no se abordan las causas estructurales: la falta de personal capacitado, la debilidad en la aplicación de sanciones, la ausencia de programas de prevención y la persistencia de redes criminales dentro de las cárceles.
Un desafío que trasciende muros
El Castillo es, en muchos sentidos, el espejo de un sistema carcelario que enfrenta retos enormes en todo México. Las masacres, las fugas y el autogobierno no son sólo síntomas de una prisión en crisis, sino de una problemática nacional que exige reformas profundas, inversión sostenida y una visión centrada en la dignidad y la seguridad de todas las personas privadas de la libertad.
Mientras la vida sigue en Mazatlán y las familias buscan respuestas, El Castillo permanece como un símbolo de lo que ocurre cuando las alertas se ignoran y la violencia se normaliza tras los muros. La reconstrucción que se anuncia no sólo será de ladrillos y concreto: es, sobre todo, una oportunidad para repensar la justicia y la reinserción en México.
