Este martes, fuerzas federales arrestaron en la Ciudad de Buenos Aires al colombiano Brayan Ferney Cruz Castillo, prófugo y con pedido de captura internacional y notificación roja de Interpol, señalado por autoridades de Colombia por su presunta participación en el atentado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay. La detención quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, que interviene en el trámite de cooperación y en el eventual proceso de extradición. La captura ocurrió en pleno centro porteño y con un dato que parece escrito para una crónica: el sospechoso entró a Tribunales por una causa local y salió detenido por un expediente internacional.
Según el Ministerio Público Fiscal argentino, la investigación se activó a partir de información oficial remitida por Colombia a través del enlace de la Gendarmería Nacional Argentina en ese país. En paralelo, se profundizaron medidas con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y se encomendaron diligencias al “Escuadrón Buenos Aires” de Gendarmería. La pista que terminó siendo decisiva fue doble: por un lado, los reportes internacionales sobre la presunta intervención de Cruz Castillo en aspectos logísticos del atentado; por otro, el dato de que en Argentina su situación migratoria era irregular y registraba una orden de expulsión vigente por una detención previa en una causa local.
El punto de quiebre llegó cuando la fiscalía argentina supo que el imputado había aceptado suscribir un acuerdo de juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28. Con ese dato, se le informó al tribunal la existencia de la notificación roja de Interpol y el pedido de captura emitido por Colombia. Así, cuando Cruz Castillo se presentó en el ámbito judicial, se montó un operativo coordinado y se concretó la detención. El propio MPF lo describe como un procedimiento articulado con Interpol que permitió capturarlo en la Capital Federal.
La razón por la que su nombre se volvió prioridad para Colombia remite a uno de los episodios de violencia política más impactantes de los últimos años en ese país. Miguel Uribe Turbay fue atacado con armas de fuego el 7 de junio de 2025 durante un acto de campaña en Bogotá, cuando ya se movía como precandidato presidencial. Permaneció internado en estado grave y murió dos meses después, el 11 de agosto de 2025, a raíz de las heridas, en un hecho calificado como magnicidio. Es la trama de fondo que hoy explica por qué una comparecencia en Tribunales de CABA terminó en un arresto con derivación internacional.
En ese engranaje, Cruz Castillo aparece señalado —siempre en términos de presunta responsabilidad— como alguien que habría participado en la logística del ataque. El MPF argentino sostiene que, según la investigación desarrollada en Colombia, el atentado habría sido ejecutado por una estructura criminal organizada con múltiples actores y que, en ese marco, surgieron indicios sobre el rol del detenido.
Lo que le suma espesor al caso —y lo vuelve típicamente “transnacional”— es la manera en que se lo ubicó en Argentina: rastros digitales e información migratoria. Para ubicarlo se trabajó con análisis de direcciones IP y otros datos que permitieron inferir su presencia en el país, mientras el Ministerio Público Fiscal señaló que Migraciones confirmó su situación irregular y la existencia de una orden de expulsión previa. En otras palabras: no fue una caída “al voleo”, sino el resultado de un seguimiento que cruzó bases, jurisdicciones y agencias.
En cuanto al encuadre judicial, Cruz Castillo quedó a disposición del Juzgado Federal N.º 12, que debe intervenir en cooperación internacional y extradición. La causa quedó bajo el juez Julián Ercolini y la secretaria Paola Yanina Kohen; el MPF confirmó el fuero y el destino procesal inmediato. En Colombia, en tanto, lo investigan por delitos asociados al caso —entre ellos “concurso para delinquir agravado, terrorismo, tráfico, fabricación y porte de arma de fuego”.
El trasfondo político-judicial que rodea el atentado también aparece en la cobertura internacional: varias notas sostienen que la causa en Colombia apunta a una organización más amplia y a la existencia de autores intelectuales, con líneas investigativas que exceden al ejecutor material. En ese mapa, la detención en Buenos Aires suma una pieza: un sospechoso que, según la acusación, no sería “el tirador” sino parte del andamiaje que hace posible un ataque de esas características. Por eso, el próximo capítulo no será televisivo sino burocrático y judicial: pedidos formales, documentación, plazos, y una definición clave por parte de la justicia argentina sobre si corresponde conceder la extradición.
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