El caso de los 9 hermanos rescatados de una vivienda precaria en Santiago del Estero no dejó de sumar capítulos escalofriantes desde que salió a la luz. Pero en las últimas horas, la investigación judicial avanzó sobre una de las hipótesis más perturbadoras del expediente: la existencia de una red de hombres de la zona que accedían sexualmente a las víctimas a cambio de alcohol.
La causa, que ya provocó conmoción en toda la provincia y derivó en la detención de los padres y de un yerno de la familia, comenzó ahora a enfocarse sobre los llamados “clientes”. Es decir, aquellos vecinos que, según sospechan los investigadores, se aprovechaban de la extrema vulnerabilidad de los menores y jóvenes discapacitados que vivían en la casa del horror.
Todo ocurrió en el paraje El Cruce, dentro del departamento Figueroa. Allí, en una vivienda humilde ubicada en el barrio Las Lomas, convivían nueve hermanos en condiciones de abandono absoluto, rodeados de violencia, hambre y abusos sistemáticos.
Según la hipótesis que manejaban las fiscales Yésica Lucas y Vanina Aguilera, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, los padres habrían convertido a sus propios hijos en una moneda de cambio. Los testimonios incorporados al expediente indicaban que el padre actuaba como principal “negociador” y recibía cajas y botellas de vino a cambio de permitir el acceso sexual a las niñas y jóvenes de la casa.
En paralelo, el rol del yerno detenido también comenzó a tomar relevancia dentro de la investigación. De acuerdo a las primeras reconstrucciones judiciales, su función habría sido controlar los movimientos dentro de la vivienda y garantizar que todo ocurriera sin interferencias.
El avance de la causa dejó otro dato que impactó incluso a los investigadores más experimentados: la casa estaba ubicada a escasa distancia de una dependencia policial. A pesar de eso, el flujo de hombres que visitaban el lugar habría sido constante durante años y, según deslizaron fuentes cercanas al expediente, era conocido por muchos habitantes de la zona.
“Los clientes están en la mira”, reveló una fuente judicial. A partir de esa línea investigativa, el Departamento de Trata de Personas y Delitos Conexos realizó nuevos procedimientos para intentar identificar a quienes participaban de este circuito aberrante.
La principal dificultad, reconocían en la causa, era romper el silencio que todavía persistía entre los vecinos. Los investigadores sospechaban que varias personas conocían lo que ocurría dentro de la vivienda, pero nunca realizaron denuncias formales.
En las últimas horas, los allanamientos se concentraron en recolectar elementos que permitieran vincular a los visitantes frecuentes con delitos de abuso sexual y corrupción de menores. La información obtenida podría derivar en nuevas imputaciones y detenciones en los próximos días.
El caso expuso además otra dimensión igual de alarmante: la naturalización de la violencia extrema. Para los investigadores resultaba imposible comprender cómo semejante nivel de horror pudo sostenerse durante tanto tiempo sin intervención efectiva del entorno.
Mientras tanto, la Justicia santiagueña intenta avanzar sobre toda la estructura de complicidades alrededor de la familia. El objetivo ya no es únicamente desarticular el núcleo familiar acusado de las torturas y abusos, sino también identificar a quienes financiaban y participaban de esa maquinaria de violencia.
Con cada nueva revelación, el expediente profundiza la conmoción social en Santiago del Estero. Y deja una certeza cada vez más inquietante: el horror no ocurría solamente dentro de esa casa, sino también en el silencio de quienes sabían lo que pasaba y eligieron mirar hacia otro lado.
